Los presos de ETA en primer grado bajan de 78 a 6 en medio año
El 31% (57) están en cárceles de Navarra y la CAV, y el 61% a entre 150 y 400 kilómetros
PAMPLONA – El número de presos de ETA en primer grado ha disminuido de 78 a 6 en tan solo medio año. En la actualidad, son 210 los presos que se identifican con los planteamientos de EPPK: 30 mujeres y 180 hombres. De estos, 57 se encuentran en las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, 128 en otras prisiones del Estado español y 25 en las del Estado francés.
De todos ellos, 157 reclusos de la organización siguen en segundo grado frente a los 100 que estaban en enero de 2021, y 13 lo hacen en tercer grado en las cárceles de los Estados español y francés. Son datos que figuran en el tercer número de la publicación semestral del Observatorio de la política penitenciaria.
En esta publicación que presentaron ayer el abogado de Behatokia, Aitzol Asla, y la representante del Foro Social Permanente, Teresa Toda, se dio a conocer que el 61% de los 210 presos de ETA se encuentra en prisiones situadas entre 150 y 400 kilómetros de Navarra y la CAV. El 7% continúa en cárceles entre 400 y 600 kilómetros y el 1% a más de 600 km, gracias a los traslados que se han realizado en el último año. El 31% restante (57 reclusos) cumplen sus penas en las prisiones de la CAV y Navarra.
Hace medio año eran solo 25 los presos de la organización recluidos en cárceles vascas y navarras, el 13% del total, mientras que hoy son 57. Entonces el 41% se encontraba en cárceles entre 150 y 400 kilómetros y hoy es el 61%.
SÓLO TRES EN ANDALUCÍA Actualmente tan solo quedan tres presos de ETA en Andalucía y ninguno en Galicia o Levante. Además, tampoco hay ninguno en aislamiento. Por lo tanto, para cientos de familiares y personas allegadas a estos reclusos han terminado o están a punto de terminar los largos viajes para realizar las visitas.
“Podemos constatar, por tanto, que el cambio en la política penitenciaria que Pedro Sánchez anunció hace tres años se está produciendo. Eso sí, a pesar del acelerón de los últimos meses, las cosas se han movido más lentamente de lo que cabía esperar”, manifestó Alsa.
Aludió Asla a las “dificultades” que plantea “la legislación excepcional para la progresión de grado o la libertad condicional, yendo más allá de la legislación ordinaria”. “Ahí está también la no acumulación de condenas cumplidas en otros estados, con todo lo que supone. Son 50 las personas afectadas por esta norma en el Estado español y son 60 las condenadas con la ley 7/2003”, precisó.
Por otro lado, destacó la actitud de “las personas presas del EPPK”, que están “desarrollando el camino que el colectivo abrió en 2017; es decir, dar los pasos que plantea la legislación penitenciaria ordinaria para la progresión de grado, pese a las dificultades que ponen algunas Juntas de Tratamiento y la Audiencia Nacional”.
La representante del Foro Social Permanente, Teresa Toda, consideró que se van “asentando” tres aspectos necesarios para abordar la cuestión penitenciaria, como son “la voluntad manifiesta del Gobierno español para superar la anterior fase de excepcionalidad, la implicación clara de las personas presas y la voluntad de los gobiernos vasco y navarro y las organizaciones de la sociedad civil implicadas”.
En ese sentido,toda consideró que es “positivo” que sea el Gobierno vasco quien gestione las competencias penitenciarias, para ejercer una gestión “más humana y abierta, dentro de la normativa vigente”.