Que se vea quién manda
Pocas veces se ha podido ver al lehendakari expresando sin ningún disimulo su indignación como en su respuesta al fallo de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, una vez más, desautorizaba las medidas tomadas por el LABI esta vez sobre el aforo limitado en los estadios de fútbol. El tribunal, presidido por el magistrado Luis Ángel Garrido, estimó el recurso de la Liga de Fútbol Profesional y elevó el aforo de los estadios vascos desde el 30% establecido por el LABI al 60% aprobado por el Ejecutivo español. De nuevo la misma
Sala de lo Contencioso, presidida por el mismo juez, arreando el zasca al Gobierno Vasco y a sus decisiones para frenar los efectos de la pandemia. Es difícil entender cómo los tres magistrados pudieron leer y estudiar en tan breve espacio de tiempo los 900 folios de alegaciones que el Ejecutivo vasco presentó al recurso de la Liga, y tomar unánimemente la decisión en su contra.
La reiterada oposición del citado tribunal a las restricciones adoptadas por las autoridades sanitarias vascas ha irritado al lehendakari, que en todo momento ha defendido las medidas de prudencia establecidas por los expertos del LABI que, en este caso, consideraban suficiente un 30% del aforo en los estadios teniendo en cuenta los actuales índices de afección del covid-19 en la comunidad, que en la última semana ha causado 36 muertos. Iñigo Urkullu reprochó al tribunal por su “desprecio” a las medidas adoptadas para el control de la pandemia y su constante desautorización de las recomendaciones del “epidemiólogos, virólogos y médicos expertos por personas que han de mostrado su menosprecio a la ciencia, incluso con declaraciones públicas”.
El problema es que esas personas que, según denuncia el lehendakari, menosprecian a la ciencia, “tienen capacidad de decidir sobre cuestiones que afectan a la salud de las personas”. Y la verdad es que esa Sala del TSJPV ha exhibido reiteradamente su autoridad, que se vea quién manda aquí, dejando en el ambiente una sensación de poderío sin que se pueda aclarar si lo que pretende es que prevalezcan las libertades por encima de la salud pública, o favorecer a los intereses económicos de grupos de presión o, simplemente, desgastar a un Gobierno que no le gusta.
Deja claro la Sala que preside el magistrado Garrido que aquí lo que vale es lo que él decida, que es lo decidido por el Ministerio de Sanidad español; y bienvenida sea la barra libre para atiborrar al máximo posible los estadios, para apiñarse los hinchas eufóricos en saltos, abrazos y achuchones fanáticos. Claro que, ya que mandan tanto, podían vigilar, u ordenar que se vigile, lo que las autoridades sanitarias españolas establecen para abrir la mano a la Liga de Fútbol, a saber:
Debe respetarse la distancia interpersonal de 1,5 metros. Deben fijarse franjas horarias para el acceso escalonado al estadio.
El público debe permanecer dividido en sectores independientes con un punto de acceso en cada sector, separados del resto de sectores por una distancia mínima de 2 metros. Es obligatoria la mascarilla durante todo el evento, también en baños y en las entradas y salidas del recinto.
No se permite la venta ni consumo de alimentos o bebidas y los asistentes únicamente pueden beber agua.
No se permite el consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos. No sé por qué, pero me temo que buena parte de ese 60% no va a poner demasiado empeño en acatar tan encorsetadas condiciones. Eso, que no van a hacer ni caso. Pues ahí tienen, magistrado Garrido y compañeros de Sala. Ustedes que tanto mandan, hagan cumplir estas normas al 60% o vete a saber cuántos más de fervorosos hinchas. Y ya si eso, vayan admitiendo a trámite las denuncias a la Liga de Fútbol Profesional si las hubiera, que me temo que no. ●
El problema es que esas personas que menosprecian a la ciencia tienen capacidad de decidir sobre cuestiones que afectan a la salud