Reina, que algo queda

Los intentos de tumbar la monarquía española parten de que representa un sistema arcaico. Las dinastías son vestigios del pasado, con sus miembros reducidos con frecuencia al papel de floreros. En teoría es posible cambiar de modelo en España, pero los redactores de la Constitución diseñaron un proceso lo suficientemente complejo como para que nunca fuera puesto en marcha. En realidad, el meollo de la Corona española es que está vista como la piedra angular de la unidad estatal y nacionalista (patriotismo constitucional le llaman ahora), lo cual dificulta todavía más cualquier propuesta de modelo republicano. Aun así, sería bueno conocer el apoyo real –nunca mejor dicho– que tiene hoy esta monarquía, sobre todo porque se dejó de preguntar en 2015 después de que los escándalos de Juan Carlos I hundieran su popularidad.

Si la institución tiene sus defensores a) por motivos simbólicos (está dentro del orden constitucional democráticamente votado), b) emocionales (el recuerdo –sesgado– de que la anterior República fue un desastre; y c) por motivos operativos (es una institución muy barata), hay razones en contra que no es posible soslayar: a) La monarquía española forma parte de la Constitución de 1978 ante el riesgo evidente de que el resultado de la votación entre monarquía y república hubiese sido a favor de la segunda. Adolfo Suárez estuvo listo hurtando esta posibilidad sabiendo lo que decían las encuestas contra el modelo monárquico atado por Franco. El referéndum constitucional se centró entonces entre democracia sí o democracia no. Ojalá que la monarquía se hubiese votado aparte. b) En cuanto a que la anterior república española fue un desastre, hay que tener en cuenta la presión antidemocrática que le vino encima, sin que esto oculte sus puntos negros. Porque con este mismo criterio, solo acordarnos de Fernando VII ya sería suficiente para invalidar para siempre a la institución monárquica. c) La Casa Real tiene un presupuesto de 8,4 millones de euros en 2021, siendo teóricamente la jefatura del Estado más barata de la Unión Europea. Pero no es verdad, ya que varios ministerios (Hacienda, Presidencia, Defensa, Interior…) manejan cantidades para gastos de la Corona. Un ejemplo: la Guardia Real al completo se presupuesta en la partida del Ministerio de Defensa. Además de la mínima transparencia sobre cómo se utilizan los dineros asignados a la Corona, esos 8,4 millones. A todo lo anterior hay que añadir otras razones de peso que apremian al cambio de modelo: d) El anacronismo monárquico se basa en su carácter hereditario y vitalicio, así como en la inviolabilidad que garantiza la irresponsabilidad penal del rey en el desempeño del cargo. Tampoco parece lo más democrático que cualquiera no puede postularse para ser rey o reina mientras que sí puede hacerlo para dirigir un partido político y presidir el gobierno. Con razón Pablo Iglesias, exlíder de Unidas Podemos, describe a la monarquía como el “acceso a la jefatura del Estado por fecundación”; aquí no somos iguales ante la ley. e) La razón principal para defender a la monarquía española es que la han convertido en el escudo patrio de la unidad, incluso bastantes políticos y ciudadanos de a pie cuya opción electoral es el PSOE. Todo lo demás es accesorio y prescindible, también las urnas, para medir su legitimidad y la cada vez más evidente –presunta– corrupción entre sus miembros. f) Esto de la corrupción regia abrasa lo suyo, aunque casi todos los partidos estatales se esfuercen en poner paños calientes encima del pus dejando a la vista una crisis de confianza respecto a la institución real. Todo gira en torno a Juan Carlos, incluso lo

que ocurrió en torno a Iñaki Urdangarin y su esposa, que sigue en la línea sucesoria de la Casa Real. Aquél es el máximo exponente de opacidad, privilegios y abusos que pueden convertirse en delitos tras las investigaciones del fiscal del Tribunal Supremo sobre cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal y blanqueo de capitales. La guinda rosa la puso la princesa y amante Corinna Larsen cuando aseguró que Juan Carlos I cobró comisiones ilegales en el extranjero, y que a ella le traspasó cien millones de dólares.

Lejos quedan los días en los que la monarquía española vivía un idilio con la ciudadanía, cuando la prensa ocultaba sus excesos, los políticos miraban para el otro lado –excepto Iñaki Anasagasti– y la élite económica le agasajaba en busca de otros privilegios e influencias. Ahora Juan Carlos sigue dañando a la maltrecha Corona de Felipe VI mientras vive como un califa para demostrarnos que la monarquía española está fuera de este tiempo y del necesario control. ●