Y sin embargo, se mueve
El pasado 14 de septiembre, el Congreso de los Diputados rechazó admitir a trámite una proposición de ley del Parlamento de Navarra, promovida por la Federación Navarra de Municipios y Concejos para permitir que las agrupaciones electorales de vecinos puedan realizar una mínima campaña electoral en los comicios municipales y para eliminar sanciones desorbitadas a aquellas que se excedían en el gasto de dichas campañas siquiera en unos pocos euros. Como todo el mundo sabe, agrupaciones electorales independientes son la base de la participación democrática en nuestros municipios. Vecinos y vecinas que concurren en listas municipales y llegan a sus ayuntamientos al margen de los grandes partidos y con la única voluntad de servir unos años a su comunidad. 200 de los 272 ayuntamientos navarros cuentan en sus corporaciones con este tipo de agrupaciones y, de hecho, dichas agrupaciones ostentan la alcaldía en 175 (un 64,7%).
Pero pese a unos datos tan rotundos, las leyes electoral y de financiación de los partidos políticos, en su actual redacción, crean unos obstáculos irracionales que dificultan la participación de nuestros vecinos y nuestras vecinas en los asuntos públicos. En los tiempos en que tanto hablamos de despoblamiento y de España vaciada, las dificultades para la constitución de gobiernos locales son una mala noticia.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General fija un límite de gasto de campaña para las agrupaciones electorales y los pequeños partidos que concurren en un único municipio de 0,11 euros por habitante. En un municipio de 1.000 habitantes, una agrupación electoral solo puede gastar en campaña 110 euros. En un municipio de 5.000, la cifra no puede sobrepasar los 550. Cantidades absolutamente insuficientes para desarrollar una mínima campaña, para contratar una megafonía o para editar y distribuir el más básico de los folletos con el programa electoral. Lo dijo el propio Tribunal de Cuentas: “el límite máximo de gasto aplicable resulta manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral”.
No ocurre lo mismo con los partidos políticos de amplia implantación, a los que la misma Ley Electoral permite un mayor gasto en forma de complemento provincial.
Pero, además, la última modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos estableció que el exceso en más del 10% en el límite de gasto en campaña electoral se sanciona, como mínimo, con 50.000 euros. En definitiva, que cualquier agrupación de vecinos voluntariosos que gaste unos cientos de euros más en su campaña puede encontrarse con una multa de esa envergadura.
En este contexto, el Tribunal de Cuentas detectó la pasada legislatura que 57 agrupaciones electorales navarras y más de 500 en todo el Estado habían sobrepasado los límites autorizados de gasto (en muchos casos por unas decenas o unos cientos de euros) y en algunos casos les abrió el correspondiente expediente sancionador.
Ante la irracionalidad de los hechos, la Federación Navarra de Municipios y Concejos desplegó una amplia actividad en reuniones y contactos con el propio Tribunal de Cuentas, el Gobierno de España, los partidos con representación en las Cortes o el Parlamento de Navarra. Actividad que finalizó con la presentación al Parlamento de Navarra de un borrador de proposición de ley de modificación de las citadas leyes para su aprobación y remisión a las Cortes Generales.
Sólo pretendíamos dos cosas: aumentar ligeramente el límite de gasto permitido para que las agrupaciones pudieran realizar una campaña electoral mínima en sus pueblos, y eliminar la sanción mínima de 50.000 euros por exceder en dicho límite de gasto, sustituyéndola por otra de entre dos y cinco veces el exceso cometido.
Tras dos intentos, abortados por sendas disoluciones de las Cortes, por fin una representación del Parlamento de Navarra, que aprobó nuestra iniciativa, aunque con algunos cambios, pudo presentar la proposición de ley en el Congreso y pidió su tramitación. Y pese a lo radicalmente justo de nuestra demanda, la Cámara rechazó la proposición.
Es verdad que el argumento de algún partido para rechazar nuestra propuesta es que ya hay una comisión en el Senado que estudia el cambio de la normativa electoral. Lo mismo nos dijeron la pasada legislatura. A nosotros nos parece que es cuestión de voluntad y de justicia y que lo demás son excusas. Volvemos, pues, a la casilla de salida, pero después de cuatro años de trabajo. Las agrupaciones electorales de nuestros municipios ven muy limitada la capacidad de realizar una campaña electoral; a los grandes partidos se les permite gastar más dinero. Y se acercan nuevos comicios.
No nos harán justicia; negarán lo irracional de la situación, pero la verdad seguirá ahí, como giraba la Tierra de Galileo. ●
El autor es presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos