Aquellos abogados y abogadas laboralistas
Los mineros de Potasas, con su huelga indefinida, fueron los precursores del estallido del movimiento obrero navarro
Quiero rendir homenaje a los 5 laboralistas asesinados en Atocha bajo la batuta de la ultraderecha y el pálpito de la irracionalidad
Echo mano del baúl de los recuerdos, papeles empolvados que relatan sucesos acaecidos hace ya tiempo, que pueden pasar a los anales como las historietas del abuelo cebolleta, qué le vamos a hacer, pues así de dura es la vida de la gente mayor, por lo que pongo de sobreaviso a los lectores.
Hablo de la década de los 70, del siglo pasado, cuando ya se atisbaba en el horizonte la caída del Régimen franquista, y más palpable a partir de la muerte del generalísimo sobrevenida en noviembre de 1975. Eran tiempos convulsos cuando las calles se llenaban, un día sí y otro también, de obreros y estudiantes que denunciaban la represión y la falta de libertad, no precisamente la de la Sra. Ayuso, y también las cárceles veían repletas sus celdas de presos políticos. No fue una casualidad que en esa época la ciudad de Iruña me abriera sus puertas para desembarcar en un bufete de abogados laboralistas, integrado por lo mejor de cada casa, conocido como el despacho de Navarrería. Llegaron a desfilar más de una docena de abogados, unidos por la defensa de los más desfavorecidos y represaliados por la dictadura, dispuestos a pasar penurias para conquistar una libertad que se acariciaba con los dedos. A riesgo de parecer presuntuoso, era como el estandarte jurídico del movimiento obrero navarro, unido alrededor de los comités de empresa y encabezado por el Consejo de Trabajadores, un órgano alegal aceptado a regañadientes por la dictadura cuando todavía no estaban legalizados los sindicatos.
Nos gustara o no, pasamos a ser un referente del movimiento antifranquista, aquí y en todo el Estado español, y así lo percibieron las fuerzas policiales, como la ultraderecha, aquellos con su constante acoso, y estos últimos con el asesinato de los 5 compañeros del despacho laboralista de Atocha el 24 de enero de 1977, queriendo asestar un golpe desestabilizador a los cambios que venían a la carrera, desencadenando la mayor manifestación de la Transición, con cientos de miles de personas sólo en la capital del Estado, y un reforzamiento de las posiciones democráticas retratadas en los rostros de los 5 abogados laboralistas asesinados.
Los mineros de Potasas, con su huelga indefinida, fueron los precursores del estallido del movimiento obrero navarro, enganchado como un pulpo a la causa antifranquista, apoyando en masa las sucesivas huelgas generales que se convocaron. En esta vorágine, la policía detuvo a todos los abogados que pudo del despacho de Navarrería, acusándonos de ser promotores de la huelga general del 11 de diciembre de 1976. Era un indicio de su debilidad, de las luchas intestinas que acaecían en el interior del Régimen, entre los defensores de la Dictadura y los que pretendían pactar con las fuerzas democráticas. Pronto acariciamos la calle gracias a las iniciativas de 2 compañeros del despacho, los movimientos del Colegio de Abogados y de otros personajes como ese capitán del ejército, a la postre gobernador militar de esta plaza, que se personó en dependencias policiales pistola en ristre y puso firmes a todo Cristo, respondiendo de nuestros actos, en un claro ejercicio de temeridad por su parte, y de incredulidad por la Valga nuestro postrero agradecimiento.
Éramos la última trinchera en la que se refugiaban los represaliados por el franquismo, los huelguistas sancionados, las víctimas de la sobreexplotación laboral, los desertores, los homosexuales… éramos como las cantautoras del Derecho, como los Serrat, Aute, Laboa, Ibáñez o Ana
Belén, ellas cantando a la libertad en un escenario y nosotros defendiéndola en estrados. Éramos solidarios y practicábamos el igualitarismo, todos/as cobrábamos lo mismo fuéramos secretarios o abogadas, y esta huella terminó borrándose paulatinamente con el paso del tiempo, excepción hecha de algunos pocos incombustibles que lo aceptaron como herencia in secula seculorum.
El 26 de marzo de 1976 se constituyó la Platajunta, asumiendo ésta la responsabilidad de negociar con las autoridades provenientes del franquismo y el Gobierno de Suárez, recién constituido, la instauración de un nuevo régimen democrático, incluida la amnistía para todos los presos políticos, la legalización de los partidos políticos y elecciones libres, negociaciones que tuvieron su plasmación en la Constitución aprobada el 29 de diciembre de 1978.
Fuera del texto constitucional quedaron algunas reivindicaciones postuladas por la oposición, como el tema territorial, el modelo de Estado, los símbolos, la disolución de las estructuras franquistas, la Memoria Histórica… convertida todavía hoy en el saco de las hostias entre el gobierno de turno y oposición. Hubo fuerzas políticas que no midieron en su momento la profundidad de los cambios y siguieron actuando por demasiado tiempo como si estuviéramos en una dictadura,