Garantizar el aborto en la red pública
La nueva ley establece tres avances: la sanidad pública como red de referencia para abortar, la creación de un registro de objetores de conciencia en cada comunidad y eliminar el consentimiento paterno para 16 y 17 años
Casi nueve de cada diez abortos se practican en clínicas privadas en el conjunto del Estado, la mayoría derivados desde hospitales públicos. El Gobierno de Madrid aprobó ayer el anteproyecto de la ley del aborto que pretende acabar con los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y blinda este derecho en la sanidad pública de forma que esté garantizado en todos los hospitales públicos. También garantiza otros sexuales y reproductivos de la mujer como son las incapacidades temporales por reglas dolorosas que serán pagadas desde el primer día por la Seguridad Social, una de las medidas más controvertidas de una ley que, como principal novedad, termina con el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria, requisito que impuso el PP en 2015 al cambiar la ley de 2010 de Zapatero. Hay que recordar que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación. La nueva ley ahora en tramitación garantiza el derecho de la mujer a “decidir sobre su propio cuerpo” y que es “la puerta de entrada” a otros derechos como el trabajo, a la participación política y permite que puedan “vivir mejor y desarrollar sus proyectos de vida”, aseguraba ayer la ministra de Igualdad Irene Montero. Adolescentes que son libres para mantener relaciones sexuales, para trabajar (para casarse o para una operación de estética a partir de los 16 años) y para tomar otras muchas decisiones, que en muchos casos tienen serias dificultades para comunicarse con sus padres, y a las que hay que hay que ofrecer principalmente una educación afectivo sexual (para ellos y ellas) para prevenir prácticas no seguras y empoderarlas. No se puede condicionar el futuro de una joven obligándola a tener un hijo que no desea. Se crea a a su vez un registro de objetores de conciencia en cada autonomía. En Navarra queda mucho camino por recorrer, para empezar porque se desconoce cuántos médicos objetan. Sin olvidar que los abortos aumentaron un 11% en Navarra el año pasado, pasando de 888 a 987 (86 mujeres tenía entre 15 y 19 años) tras el descenso causado por la pandemia. Aunque la mayoría se siguen haciendo en la red privada al menos se consiguió gracias al decreto foral de 2016 no tener que salir de la comunidad. La ley no perseguirá por otro lado –como se planteó en inicio– a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países, castigo que seguramente no tenía mucho sentido mientras existan países donde sea legal pagar por un vientre de alquiler.