La nueva legislación del aborto no penalizará los ‘vientres de alquiler’
La ley contempla las bajas laborales por las reglas dolorosas aunque no la ‘tasa rosa’
PAMPLONA – La leydeplazos del Partido Popular ya es historia. La Ley del Aborto aprobada ayer en el Consejo de Ministros tumba las barreras para abortar implantadas en 2015 y amplía los derechos de las mujeres en el ámbito reproductivo y de salud sexual. El texto aprobado busca garantizar que cualquier mujer pueda abortar en la sanidad pública, permite la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años sin permiso familiar y elimina los tres días obligatorios de reflexión. Otra novedad es que incluye una baja laboral por interrupción voluntaria del embarazo pero no penalizará la gestación subrogada.
Al igual que con la eutanasia, la nueva ley regula la objeción de conciencia del personal sanitario para que sea realmente efectivo el derecho de abortar en el centro público más cercano. No en vano, hoy en día casi nueve de cada diez abortos se practican en clínicas privadas, la mayoría derivados desde hospitales públicos. Además, se distribuirá la píldora del día después de forma gratuita en los centros de planificación familiar, lo cual facilitará el acceso a este anticonceptivo de urgencia que actualmente se dispensa en las farmacias al precio de 20 euros.
“Es un nuevo avance para la democracia del país”. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (PSOE), saludó de este modo la aprobación de la ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero (Podemos). Las fricciones entre los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la aplicación de la tasarosa y la penalización de la gestación subrogada han hecho que el alcance de la ley haya sido menos profundo de lo que hubiese deseado la formación morada. Finalmente, el Ministerio de Hacienda no ha permitido aplicar el IVA superreducido a los productos de higiene íntima (tampones, compresas, copas menstruales) aunque, según Montero, se está negociando incluir la medida en los Presupuestos Generales del Estado. Además, esta norma no perseguirá finalmente a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países pero sí declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer.
“SE ACABÓ IR EMPASTILLADA AL TRABAJO”
En la puesta de largo de una de sus leyes estrella, la ministra Montero pasó por encima de los desencuentros con el ala socialista del Gobierno de coalición para defender “la ampliación de derechos” de esta ley, dotada con 104 millones de euros. La mitad (57 millones) se destinará a pagar las bajas preparto desde la semana 39 de gestación. Se calcula que las bajas a cargo de la Seguridad Social por menstruaciones dolorosas absorberán casi 24 millones de euros. “Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar”, dijo Montero.
Se tratará de un “permiso especial” que “no requerirá días previos de cotización” y que “será asumido íntegramente por el Estado” y se necesitará un diagnóstico. Del mismo modo, respondió a las críticas de quienes creen que esta medida pueda estigmatizar a las mujeres a la hora de conseguir un contrato. En este sentido señaló que lo que está estigmatizado es “hablar de la regla en la sociedad” y, especialmente “en los centros de trabajo” y denunció que muchas mujeres viven esta situación “en soledad, en función del trabajo que hagan”.