Fiscales no ven constitucional la reforma de la sedición
Piden posición al CGPJ, al Consejo de Estado y al Consejo Fiscal. “No caben las leyes singulares”, dicen
– La Asociación de Fiscales (AF) advierte, en relación a la reforma propuesta por el Gobierno español del delito de sedición, que “no es admisible” reformar el Código Penal “por intereses o situaciones de personas concretas”, refiriéndose así a los líderes independentistas condenados en la causa del procés. “Con ello se desconoce un principio básico del Derecho, que no admite leyes singulares que, por tanto, serían de muy dudosa constitucionalidad”, se subraya en un comunicado emitido por los delegados de esta asociación.
El Ejecutivo ha propuesto derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión –frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente– e inhabilitación de 6 a 8 años –frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual–, según la proposición de ley orgánica de PSOE y Unidas Podemos. Para la AF, una reforma del delito de sedición “de la trascendencia y calado” que se pretende, debe realizarse con sosiego y por tanto recabando informes tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Señalan además que “no es cierto” que el Derecho de la Unión Europea a exija al Estado español reformar este delito, y recuerdan que la sedición se ha mantenido en todos los códigos penales, incluido el del 95, “conocido como el Código Penal de la democracia”.
Avisan de que tampoco se sostiene que las penas previstas por este delito sean superiores a las previstas por conductas que se tipifican, reciban o no el nombre de sedición, en otros países de la UE. Y aseveran que tanto el informe de indulto a los líderes del procés de la Fiscalía como el de la Sala de lo Penal del Supremo ya lo pusieron de manifiesto con claridad. Además, desde al AF creen que la reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional porque éste exige tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones preventivo-generales y especiales que le son propias.