Debilitamiento del sector público
La temporalidad del 54% en las administraciones de Navarra, excesiva y preocupante según señala el último informe de la Cámara de Comptos, y la pérdida de poder adquisitivo que padecen las empleadas públicas, constituyen dos de los problemas más alarmantes que sufren las profesionales del sector público.
Mientras estos problemas se han visto agravados durante los últimos años, los sucesivos Gobiernos de Navarra han considerado que nada podían hacer al respecto, sumidos en una suerte de incapacidad sobrevenida. Con el mantra de que tales asuntos corresponden a competencias estatales, el Ejecutivo navarro permite que actualmente más de 15.000 empleadas públicas sean temporales o que el Estado imponga el número de profesionales que habrá en cada ámbito de las administraciones de aquí.
Sería preocupante que lo que recita ese mantra fuera cierto y que el Gobierno de Navarra aceptara esa erosión del autogobierno con tal sumisión y obediencia. Pero la realidad todavía resulta más preocupante, dado que ni siquiera es cierto que las competencias correspondan a Madrid. Ni la Constitución, ni el Amejoramiento del Fuero, ni ninguna otra ley orgánica establece que la cuantía máxima de las retribuciones en el sector público o que la cantidad de personal (tasas de reposición) sean competencia exclusiva del Estado. La propia LORAFNA, en el artículo 49 establece que corresponde a Navarra la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad Foral, con respeto a la legislación básica del Estado.
La única limitación legislativa que impide a Navarra tener capacidad para obrar en el sector público viene de la Ley de Presupuestos Generales, negociada, consensuada y aprobada anualmente en el Congreso. Cada año se aprueba en Madrid la limitación de las retribuciones y de las tasas de reposición. Estas restricciones tienen su origen en los recortes que comenzaron en el año 2010, después