Transferencia de tráfico: ¿último capítulo?
El 31 de octubre de 2018 el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la entonces presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, anunciaban que, un mes más tarde, el 1 de diciembre, se firmaría el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra. 57 años habían transcurrido desde que en 1961 el Ministerio de la Gobernación arrebatase de facto a Navarra este pilar de su autogobierno. Y 36 años desde que en 1982 se aprobara la LORAFNA, que en su art. 49.1 establece que “en virtud de su régimen foral, corresponde a Navarra la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio foral”, y que en el art. 49.3 refiere que, en todo lo relativo al tráfico y circulación, “Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta”.
Sin olvidarnos del intento del año 2000 –cuando los entonces presidentes José María Aznar y José Miguel Sanz se declararon asimismo a favor de esta transferencia–, parecía que en 2018 el asunto se retomaba y que se haría justicia con la historia y la legalidad de nuestra comunidad. Sin embargo, las cosas se torcieron, el presidente Sánchez adujo retrasos o aplazamientos que resultaban incomprensibles, la presidenta Barkos dejó de serlo, y la foto quedaría para un capítulo más de esta historia, tan interminable o más que la de la novela de Michael Ende. Ahora que el tema vuelve a estar en el candelero, el mensaje que desde la Agrupación de Policía Foral (APF) queremos trasladar no puede resultar más diáfano: los forales nos sentimos sobradamente capacitados para controlar y vigilar el tránsito por las carreteras de Navarra. La mejor prueba de ello es que, a día de hoy, atendemos alrededor del 81% de los accidentes que se producen fuera de vía urbana, investigamos el 78% de los siniestros mortales y realizamos porcentajes similares de imputaciones por la comisión de delitos contra la seguridad vial. Por no hablar de otras funciones como la formación en educación vial, la protección de pruebas deportivas y grandes eventos, el acompañamiento de transportes especiales o el trabajo del Grupo de Delincuencia del Automóvil. Cualquier mañana hay 45 patrullas policiales desplegadas por toda nuestra Comunidad Foral, lo que garantiza una atención rápida y eficaz de los requerimientos ciudadanos, entre ellos, por supuesto, los de tráfico y seguridad vial. Y un par de datos más: según la memoria anual de la Secretaría de Estado para la Seguridad, la Policía Foral lleva el peso de la seguridad pública en Navarra al investigar el 52% de los 28.000 delitos cometidos. Y todo ello con 1.000 efectivos, una cifra sensiblemente menor a los 3.200 policías del resto de los cuerpos que operan en Navarra, y que se distribuyen entre Guardia Civil (1.700), Policía Nacional (700) y policías municipales (750).
La enorme carga de trabajo que genera esta situación se sobrelleva por el compromiso que mostramos con el ciudadano. Pero, claro, no todo es voluntad, y si aceptamos el reto de atender el 100% de la seguridad vial en los tiempos de respuesta que el ciudadano merece y espera, es necesario aumentar el número de agentes. Por esto se habla de alcanzar los 1.200 efectivos acordados en la Junta de Seguridad de 2009 mediante las opes oportunas, y también de la famosa pasarela, un mecanismo de incorporación de agentes con profesionalidad, experiencia y formación que ya se utilizó en Cataluña, y que viene recogida en la Ley Foral 23/2018 de Policías de Navarra.
Como sindicato profesional, nuestra obligación es mostrarnos atentos a las negociaciones que implementen este paso de guardias civiles a la Policía Foral. No queremos que nadie se sienta perjudicado, y menos el colectivo al que representamos. Pero adelantamos que pocos serán los guardias que decidan vestir de rojo: amén de renunciar a otras ventajas, casi nadie está dispuesto a trabajar más y a cobrar menos. A quien quiera le facilitamos las nóminas en las que se acreditan un saldo negativo para el policía foral de unos 500 €.
Aunque tampoco será necesario: sabedor de esta situación, el Gobierno de Navarra habilitó en su momento una partida presupuesmuy
taria para asegurar que los guardias que apostaran por esta pasarela no sufrieran merma retributiva alguna.
Ahora bien, y ya para finalizar, ¿en qué situación quedaría el policía foral? ¿podría darse el agravio de dos policías saliendo a prestar idéntico servicio en un coche patrulla y con diferentes retribuciones? Pues sí, podría darse. Y el Gobierno de Navarra tiene en sus manos el impedirlo. ¿Cómo? Saliendo de la inacción que ha caracterizado a la Consejería de Interior en estos tres últimos años, y desarrollando con urgencia la Ley Foral 23/2018. Y no solo el Reglamento de Jornada, Horario y Retribuciones, que tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2019, sino también los reglamentos de segunda actividad, formación o provisión de puestos de trabajo, que también deberían regir desde finales del
2019. Solo así comenzaremos a salvar esa enorme distancia que, en condiciones laborales, existe entre la Policía Foral y el resto de cuerpos policiales presentes en Navarra. Porque en lo referido al trabajo, ya decimos, cumplimos sobradamente.