Conservadores y progresistas del CGPJ rompen las negociaciones
Ambas partes se enrocan e irán al pleno de los magistrados del TC del día 22 sin pacto previo
– Las negociaciones en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a los dos aspirantes al Tribunal Constitucional (TC) que competen al CGPJ se rompieron ayer por cuanto los vocales progresistas insisten en mantener la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés y sus pares conservadores en reclamar otros nombres, lo que supone que, por ahora, el único acuerdo es celebrar una primera votación el próximo día 22.
La serie de reuniones sucedidas desde que el Gobierno designara el pasado martes a sus dos aspirantes al Constitucional –el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– han servido para que los portavoces progresistas y conservadores confirmen a la otra parte que se mantienen en las posiciones fijadas el pasado día 16.
Ese día, los vocales conservadores manifestaron a sus interlocutores la necesidad de cambiar el método de negociación. Planteaban que, en lugar de que cada bloque propusiera un candidato que fuera asumido automáticamente por el otro, ambas corrientes pusieran varios nombres sobre la mesa para elegir los dos aspirantes al TC de forma conjunta.
Este movimiento se produjo después de que el 3 de noviembre los vocales progresistas postularan a Bandrés, reduciendo así la lista de nueve candidatos que lanzaron el pasado octubre, por lo que desde este sector el cambio de reglas propuesto por los negociadores conservadores se percibe como un veto encubierto al magistrado del TS, ya que formalmente –apuntan– no han formulado tacha alguna.
En esta coyuntura, la comisión negociadora –integrada por José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta y Roser Bach, del lado progresista– se citó el pasado miércoles, para intentar desatascar las conversaciones, pero dicho encuentro quedó eclipsacampo
MADRID
Rafael Mazo, presidente del CGPJ.
do por la designación de Juan Carlos Campo y Laura Díez.
Los conservadores pidieron más tiempo a los progresistas para valorar el impacto de los nombramientos de Moncloa en las negociaciones del CGPJ y ese mismo día por la noche celebraron un cónclave interno en el que acordaron dejar la cuestión de
PILAR LLOP
Ministra de Justicia y Díez al margen, aunque algunos vocales creen que son perfiles excesivamente politizados que el Consejo debería compensar enviando al TC candidatos intachables desde la óptica de la imparcialidad
Resuelto el asunto de Campo y Díez, la comisión negociadora volvió a verse el jueves. Los conservadores incidieron en reclamar a los progresistas más nombres, además de Bandrés, y estos últimos lo debatieron en una reunión interna esa misma tarde que acabó con la decisión de mantener la candidatura única de este magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo.
Así, ayer los vocales progresistas trasladaron a sus compañeros conservadores que no están dispuestos a debatir la “idoneidad y oportunidad” de la candidatura de Bandrés, ni tampoco la “idoneidad y oportunidad” de los aspirantes que pueda anunciar el sector conservador.
Con todo, el único punto en el que ambos bloques coinciden a estas alturas es que el próximo día 22 habrá un Pleno ordinario en el CGPJ en el que se celebrará la primera votación sobre los nombramientos al Constitucional. Los dos sectores del Consejo están dispuestos a votar, si bien desde ambas corrientes se advierte de que es posible que ese día no haya fumata blanca, lo que supondría postergar el eventual acuerdo a 2023. De ese Pleno, se espera que cada vocal proponga y vote lo que considere oportuno sin previo consenso, aclaran las citadas fuentes.
Aunque los vocales conservadores aún no han formalizado ningún nombre, manejan seis: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de lo Contencioso-administrativo. No obstante, en realidad los mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, encargado de controlar la actividad del CNI.
EL DÍA 22, PRIMERA VOTACIÓN
“El PP no está a la altura de la democracia con la crisis del CGPJ y el Tribunal Constitucional”