Marlaska, enrocado
La ausencia de transparencia y de explicaciones claras sobre la tragedia de Melilla, con versiones que ponen en cuestión el relato oficial, han colocado al ministro en una situación cada vez más insostenible
La comparecencia el pasado miércoles del ministro Fernando Grandemarlaska –la segunda que tiene lugar en el Congreso relacionada con la tragedia de Melilla en la que murieron 23 inmigrantes– no aportó novedad alguna sobre lo que sucedió en la valla pero sí dejó en evidencia la absoluta soledad del titular de Interior –no le acompañó ningún miembro del Gobierno– y su situación cada vez más insostenible, totalmente enrocado en su versión de los hechos pese a las evidencias que la cuestionan. El vapuleo al que fue sometido Marlaska no solo por la oposición, sino por sus propios socios y los partidos que dan soporte al Ejecutivo de Pedro Sánchez fueron una censura en toda regla a su gestión. Su insistencia en un relato cuando menos dudoso, parcial y ambiguo, el tono empleado y los términos en los que se expresó –“No hubo que lamentar ningún hecho trágico en territorio español”– no son aceptables. No solo las formaciones políticas dudan de la versión de Marlaska. Además de numerosas organizaciones humanitarias, instituciones como el Defensor del Pueblo, la comisaria europea de Interior, Ylva Johanson, la comisaria europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, y el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, han exigido una investigación y explicaciones sobre lo sucedido en Melilla. Es obvio que Marruecos comparte, incluso en mayor medida, la responsabilidad sobre el asalto a la valla, la brutal actuación de la policía y, en consecuencia, las muertes que se produjeron, la ausencia de auxilio a los heridos, así como en las ilegales devoluciones en caliente de migrantes, pero el Estado español no debería medirse en esa balanza. Lo mínimo que puede exigirse más de cinco meses después y dada la gravedad de lo ocurrido es transparencia y explicaciones claras, para lo que una comisión de investigación parlamentaria podría ser el ámbito adecuado. No es admisible que este asunto se reduzca a un cruce de especulaciones y desmentidos. La ciudadanía no tiene que interpretar mapas de fronteras, tiene que recibir la información veraz y contrastada de los hechos para formarse criterio. El Gobierno está obligado a proporcionarla y los partidos, a basar en ella sus mensajes. Para ello no caben ni la ocultación ni la reducción y utilización de una tragedia como mera campaña de desgaste.