Topar los alquileres, una medida necesaria
La nueva Ley de Vivienda estatal anunciada por el Estado pone límite al precio de los alquileres y complementa la norma foral que ya prevé medidas fiscales y un registro de contratos pendiente de creación
La nueva Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, la medida estrella de esta legislatura, se desbloquea tras un año de negociaciones y cuya principal medida, controlar el precio del alquiler y frenar la especulación, sin duda va a ser bien entendida por la ciudadanía. Una asignatura pendiente en el conjunto del Estado español, donde en los últimos años el acceso a una vivienda se hace cada vez más complicado, especialmente para los jóvenes, y no sólo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Dos son las medidas claves. Por un lado, la subida de los contratos quedaría en el 2% para este 2023, 3% en 2024 y en 2025 se aplicaría un índice nuevo basado en el IPC. A su vez se pondrá directamente topes a los alquileres en “zonas tensionadas”. Así, los propietarios de zonas que las comunidades –o ayuntamientos– establezcan con mayor presión del mercado y problemas de acceso a la vivienda –lo que deberán justificar previamente ante el Estado– estarán obligados a mantener o incluso a bajar los alquileres en base al índice de referencia que se fije. Así, los alquileres en estas zonas quedarán topados, tanto los de grandes tenedores (más de cinco psos) como los de pequeños. En Navarra entrarían determinadas zonas de Pamplona y Comarca en este filtro. Dentro de su marco competencial la Comunidad foral ya contempla desde el pasado mes de junio a través de la nueva ley foral de vivienda, pendiente de desarrollo, medidas complementarias para intervenir en el mercado como la creación de un Índice de Sostenibilidad de Alquileres –un tope en las rentas– con el que poder aplicar medidas fiscales positivas o negativas. También
creará un registro público de alquileres privados para controlar las subidas de precios. Pero existe otra lectura política de esta ley estatal y es que resulta indicativa del momento preelectoral la prisa con la que se anunció, la semana pasada, un acuerdo de los partidos del Gobierno español con ERC y EH Bildu en torno a la futura norma. Partidos como el PNV ya han advertido de una posible invasión competencial y del “galimatías jurídico”. Una ley que se suma a otras medidas como la conversión de viviendas del Banco Malo –apenas 43 en Navarra– en alquiler social, y que demuestra lo complicado que es avanzar en materia de vivienda, convertirla en un derecho, poner de acuerdo a diferentes formaciones políticas y acabar la legislatura habiendo avanzado sólo en textos normativos, sin poder aplicar ninguna medida. La próxima legislatura no habrá excusas. Los precios son escandalosos.