Memoria lejana y cercana

La exhumación de Primo de Rivera cumple el principio democrático de no honrar a un dictador, pero convive con la cicatería con la que se administra ese principio en causas recientes, como la de Zabalza

La exhumación de los restos del dictador José Antonio Primo de Rivera del denominado Valle de los Caídos era una obligación democrática en base a los principios de convivencia que marcan un modelo en el que no cabe honrar como personaje preeminente a quien fue exponente de la conculcación de derechos políticos y sometimiento de la igualdad y la Justicia a una concepción del Estado y la sociedad propia de los fascismos de la primera mitad del siglo pasado. De lo experimentado ayer queda la percepción de diligencia en el proceso, favorecida por la cooperación de los herederos del fundador de la Falange, pero también la constatación de que el fascismo deja pústulas en la memoria colectiva, como acreditan los nostálgicos que acudieron a recibir sus restos con brazos en alto y emblemas predemocráticos. Esa exhibición contiene la misma falta de respeto a las víctimas de aquella represión que la que rechazamos en relación a los homenajes a victimarios que practicaron el terrorismo. Como en estos, el de ayer pretendía viciar un relato del pasado a base de disfrazar las actitudes antidemocráticas con el ropaje del patriotismo. Desde lo que significa el anunciado desmantelamiento del oprobioso monumento que es el Valle de los Caídos, el paso dado desde el Ejecutivo español va en la dirección correcta. El próximo debe ser la recuperación de los cuerpos allí enterrados contra la voluntad de sus familiares, víctimas de la guerra y represaliados. En Euskadi padecemos la dificultad de reconocer el dolor injusto causado a las víctimas de la violencia política sin blanquear a los victimarios con ellas y, en el Estado, la manipulado de ese relato se materializa en el monumento de Cuelgamuros. El valor de un acto como el de ayer está en ser consecuentes con el mismo principio y aplicarlo sistemáticamente. Pero la diligencia exhibida en este caso por el Ejecutivo Sánchez en la protección de la memoria de hace cincuenta o cien años no se reproduce cuando los hechos están a flor de piel. Memoria reciente pero igualmente colectiva y demandante de justicia es la que asiste a la familia de Mikel Zabalza en su derecho de verdad y reparación. Más aún tratándose de un crimen perpetrado en democracia y que, por lo tanto, actúa como fiel de la balanza del compromiso del regidor con sus fundamentos.฀●