¿Consiguen nuestros impuestos distribuir la riqueza?

Ricos, lo que se dice ricos, somos muy pocos. La frase se le atribuye a Emilio Botín, el que fuera presidente durante casi tres décadas del Banco Santander. Pero, claro, Botín se estaba refiriendo a los ultrarricos, a los multimillonarios. Según la lista de Forbes los 100 españoles más ricos suman un patrimonio de 143.000 millones de euros, ocupando el primer puesto Amancio Ortega (53.500 millones de euros). Para hacernos una idea de las cifras de que estamos hablando, el PIB anual de Navarra ascendió en 2021 a 20.379 millones de euros.

Una vez aprobado el impuesto a las grandes fortunas, la ministra Nadia Calviño se refirió a los millonarios como “el 1% más rico” sin concretar número ni fortuna a partir de la cual se entraría en esta categoría. En España hay más de un millón de millonarios, algo más de un 2% de la población española, entendiéndose por millonario todas las personas que tienen más de un millón de dólares (900.000 euros) en riqueza. Según datos de la OCDE, el 1% de la población del país concentraba el 16,3% de toda la riqueza. De nuevo, hablamos de casas, villas, cuentas bancarias, acciones, joyas, coches, embarcaciones, obras de arte o antigüedades. Los ricos son cada vez más ricos, con pandemia o sin ella. Todos los datos indican que en España está aumentando el porcentaje de personas que logran alcanzar la mágica cifra del millón de dólares. Por otra parte, las empresas están sujetas a un nivel impositivo extremadamente bajo, lo cual permite a los más ricos aprovecharse de los beneficios obtenidos por aquellas empresas de las que son los principales accionistas.

La Agencia Tributaria dispone de datos detallados sobre los declarantes. En el caso del impuesto de la renta (IRPF), de los más de 21 millones de contribuyentes, 11.113 personas tienen una base imponible superior a los 600.000 euros. Esto no quiere decir que ganen más de esa cantidad, sino que la cifra sujeta a tributación supera ese nivel. La mayoría de estos contribuyentes se concentran en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Un estudio comparativo señala que las personas que forman parte del 10 % más rico de la población española ganan de media ocho veces más que las que forman parte del 50 % más pobre. Las diferencias de riqueza en España son más pronunciadas incluso que las de ingresos. Según ese informe, el 10 por ciento superior concentró en 2021 el 57,6 % de todos los bienes y activos (por un valor medio de 1.014.100 euros) mientras que la mitad inferior se conforma con un 6,7 % (por valor de 23.500 euros). Una manera de paliar el desajuste económico que se da entre ricos y pobres en nuestra sociedad es mediante los impuestos directos. Gravámenes como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre el Patrimonio recaen sobre la capacidad económica de los contribuyentes. Es decir, son personales y progresivos. La idea es que quien tenga o ingrese más, aporte más. Un incremento de tan solo el 0,5% adicional en el tipo del impuesto que grava la riqueza del 1% más rico de la población, permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo en sectores como la educación, la salud y la asistencia a las personas mayores, entre otros, acabando así con los déficits de cuidados en estos ámbitos, asegura en un informe Oxfam Intermón. Sin embargo, como denuncian los de Oxfam, tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza.

La idea de quitar dinero a los que tienen mucho para repartirlo entre quienes tienen poco es relativamente moderna. La primera aparición del concepto de redistribución data de 1690, en Francia, pero su articulación política no se produce hasta el S. XIX. Hoy, en la mayoría de países se practica alguna forma de redistribución de riqueza. Así, en un sistema de impuestos sobre la renta progresivo, un contribuyente con ingresos altos soportará una tasa impositiva mayor que otro con ingresos bajos. Nuestro sistema impositivo está formado por una multitud de impuestos estatales, forales, autonómicos, locales, que consigue recaudar dinero de los contribuyentes. Tal y como han demostrado varios estudios, la mayoría de los contribuyentes en edad activa laboral pagan hasta el momento de la jubilación, más renta al erario público que lo que reciben, pero lo hacen en aras de conseguir la redistribución de la riqueza.

Los objetivos de la redistribución de la riqueza no son otros que aumentar las oportunidades y la estabilidad económica de los miembros menos ricos de la sociedad. Un fundamento de la redistribución es que una clase media más amplia beneficia a una economía al permitir que más individuos consuman más, a la vez que proporciona igualdad de oportunidades para lograr un mejor nivel de vida. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, sostiene que la desigualdad de ingresos es causa de crisis económicas, y que reducir esta desigualdad es una manera de impedir o aliviar estas crisis. De esta forma la redistribución beneficia al conjunto de la economía.

Aunque no hay que olvidar que la redistribución de la riqueza también puede beneficiar a los que ejercen el poder político para fijar prioridades de gasto y que la redistribución tiene su éxito limitado en promover un relativo igualitarismo.฀●