Piden que Aguirre testifique por la ‘caja b’ del PP de Madrid
Anticorrupción considera indispensable escuchar la versión de la expresidenta madrileña por su cercanía a los hechos
MADRID – La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, sean llamados como testigos en el futuro juicio al exconsejero madrileño Francisco Granados por delito electoral en los comicios autonómicos de 2011. La Fiscalía considera indispensable escuchar la versión de la exdirigente popular dada su cercanía a los hechos que se investigan. La semana pasada, el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, acordó en un auto la apertura de juicio oral por estos hechos para Granados, el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y otros seis acusados más. A ambos se les atribuye un presunto delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas, y a Granados, además, prevaricación y tráfico de influencias en concurso con malversación. Delitos por los que Granados se enfrentará a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 7 años y 10 meses de prisión y al pago de una multa de 284.000 euros, mientras que la pena de cárcel que solicita para Beltrán Gutiérrez es de tres años y medio.
Al decretar la apertura de juicio oral, el magistrado rechazó la petición de Anticorrupción de declarar a Aguirre y a González partícipes a título lucrativo por los beneficios que pudieran haber obtenido del delito electoral del que se acusa únicamente a Granados y a Gutiérrez. El pasado noviembre, la Audiencia Nacional avaló la decisión de García Castellón de archivar esta pieza, la número 9 de Púnica, para Aguirre y González, al confirmar el auto por el que en octubre de 2022 propuso juzgar a Granados y a los otros siete investigados por la presunta financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos. De este modo, tras una década de investigación desde que estallara la operación Púnica en 2014, de los 79 imputados por presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011, el magistrado solo vio indicios para sentar en el banquillo a ocho.