La Junta reforzará las medidas para la inserción social de los menores infractores
El anteproyecto de Ley de Justicia Juvenil comienza su trámite con el aval del Consejo de Gobierno
Andalucía será la segunda comunidad, tras Cataluña, que regulará específicamente las materias relativas a los menores infractores, y cuyo objetivo es conseguir su reinserción social “plena”. Será posible con la aprobación de la Ley de Justicia Juvenil, que ayer comenzó su andadura tras avalar el Consejo de Gobierno su anteproyecto. La nueva norma, que previsiblemente pasará a la próxima legislatura, elevará al máximo rango estas políticas, que hasta ahora estaban insertas en la Ley de Atención y Protección del Menor.
Entre otras novedades, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, destacó que la atención al menor infractor la llevará un sólo letrado, que será especialista en esta materia, en todos los procesos que tenga abiertos. El objetivo de esta medida, explicó, es “dar la mejor respuesta al joven infractor para su reinserción social plena”.
La nueva ley reforzará la vertiente preventiva con la elaboración de un plan integral de aten- ción, la generalización de la intervención con las familias, la creación de un nuevo expediente único digital y la creación del Consejo Andaluz de Justicia Juvenil.
En materia de los derechos de los menores infractores destacan los relativos a la atención integral con la coordinación de los profesionales, a la intervención integral con la participación de padres, tutores o representantes legales, y la inserción social efectiva y con garantías. De igual modo, se elevan a rango de ley las obligaciones que se exigen al menor infractor, como la participación en la enseñanza legalmente establecida, la colaboración en la consecución de los ob- jetivos planteados en el programa de intervención aprobado por el Juzgado de Menores competente y el respeto a los profesionales de la Justicia Juvenil que participan en su proceso.
Respecto a la prevención, el anteproyecto dispone medidas para asegurar la coordinación de las políticas en materia de justicia, educación, salud y servicios sociales, así como para impulsar la colaboración entre administraciones para la anticipación de las acciones necesarias que eviten que el menor acabe en el Sistema de Justicia Juvenil.
Como principal novedad, se prevé la elaboración del Plan Integral de Atención, que será aprobado por el Consejo de Gobierno y aglutinará todas las políticas públicas de tipo preventivo con un enfoque transversal y la implicación de las distintas consejerías de la Junta con competencias en la materia.