Díaz anuncia a los empresarios un acuerdo para eliminar la burocracia
Nace el Consejo Empresarial de la CEA, que integran grandes compañías que operan en Andalucía, para enfatizar su función social
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció ayer ante el nuevo consejo empresarial de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) la firma de un acuerdo para eliminar trabas administrativas en el ámbito medio ambiental y en la actividad económica en su conjunto.
Díaz acudió a la constitución del Consejo Empresarial de la CEA, un órgano en el que están representadas la mayoría de las grandes empresas que operan en la comunidad y cuyo objeto es reivindicar la función social de las sociedades mercantiles y “derribar las barreras fiscales, laborales y burocráticas vinculadas al tamaño de las empresas”.
El presidente de la CEA, Javier González de Lara, reivindicó un mayor respaldo de las administraciones publicas a las grandes empresas, que son las que están representadas en el consejo em- presarial, en el que participan cuarenta compañías que facturan mas de 40.000 millones de euros al año, generan más de 97.000 empleos directos y suponen casi un 25 % del PIB andaluz.
Esta fortaleza requiere un mejor “trato normativo” por parte de la Junta y de las administraciones, “sin distinciones ni apellidos ni vínculos territoriales”, según el dirigente empresarial, quien también demandó más apoyo para “mejorar la imagen de las empresas, marcada por tópicos injustos”, para que se les reconozca como un “elemento nuclear de la sociedad por su “responsabilidad social en la generación de empleo y riqueza”.
El presidente de la patronal andaluza señaló que no están en contra del sector público ni de que se ayude a las pymes, pero reivindicó que se tenga en cuenta a las grandes empresas porque, aunque suponen un porcentaje pequeño sobre el total de Andalucía, generan mucho empleo y valor añadido, informa Efe. Además, González de Lara abogó por resolver la “brecha” de la densidad empresarial en Andalucía, diez puntos por debajo de la media nacional, con 100.000 nuevas empresas, pues “la empresa es la solución para la desigualdad”.
La presidenta de la Junta compartió la idea de poner en valor la función social de la empresa y destacó la estabilidad política de Andalucía para generar crecimiento económico y actividad productiva. Así, sostuvo que, a veces, en los “complejos históricos se encuentra el exceso de celo normativo” y aseguró que “no más leyes es más seguridad jurídica”, sino que se entra en una “espiral diabólica –para medir la labor de un Gobierno– que no favorece la seguridad jurídica”.
Por ello, avanzó ante el foro empresarial que en los próximas semanas se firmará un acuerdo para eliminar trabas burocráticas a la actividad empresarial, al tiempo que defendió la colaboración público-privada, pero mejorando algunos instrumentos que no han funcionado bien en el pesado.
Tras poner en valor el vigor de la economía andaluza y el dinamismo exportador de las empresas, reivindicó el diálogo social, que se plasmará el próximo 18 de julio en la firma con los sindicatos y con los empresarios de un acuerdo por la calidad del empleo en Andalucía, fruto del trabajo de varias meses técnicas que han trabajado en el último año.
También pidió a los empresarios implicación en el tránsito del nuevo modelo de formación profesional porque los “patrones del pasado ya no valen” y poder así acelerar el crecimiento, así como en el salto hacia la revolución digital.
Su Gobierno, dijo, ayudará a dinamizar el crecimiento económico un nuevo modelo de financiación autonómica porque permitirá contar con más recursos para inversiones, ya que por cada andaluz se recibe de media de 800 euros menos respecto al promedio nacional.
La presidenta admite que producir más leyes no significa una mayor seguridad jurídica