Los acusados por estafa en viviendas se enfrentan a 2 y 3 años de cárcel
Una treintena de afectados reclaman 12 años de prisión en el juicio que se inicia hoy
La Fiscalía de Sevilla solicita entre tres y dos años de prisión para Cristóbal Llopis, Alfonso Baus y Pedro González –dos promotores y un director de sucursal bancaria– como autores de un delito de estafa en la venta de viviendas de un residencial en el municipio que afectó a una treintena de personas. Los tres acusados, de entre 54 y 57 años de edad, serán juzgados a partir de hoy en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla. En la primera jornada, tras la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, prestarán declaración los tres acusados. Los siguientes días será el turno de los afectados y los testigos, entre los que se encuentran empleados de banca.
Las acusaciones, que representan hasta una treintena de afectados, solicitan doce años de prisión para cada uno de los acusados por delitos de estafa y apropiación indebida. Baus y Llopis, en su condición de Administradores de Macamar Inversiones S.L., suscribieron con Inantis Vivienda S.R.C. y Alienis Rebus S.L., Unión Temporal de Empresas, un contrato de cesión de derechos y obligaciones en virtud del cual Macamar Inversiones asumía la posición que aquella te- nía como promotora de 45 viviendas en la denominada Residencial Mirasierra El Ronquillo.
Macamar Inversiones asumió el papel de promotora de Residencial Mirasierra, firma representada por Llopis, con un total de 27 contratos privados de compraventa de viviendas entre el 10 y el 24 de noviembre de 2005, por los que, acordándose un precio de 132.222,66 euros, se establecía la posibilidad de que los compradores pudieran subrogarse en el préstamo hipotecario que la parte vendedora decía tener suscrito con una entidad bancaria, deduciéndose en cada caso 92.555,86 euros del total.
Llopis y Baus entraron en contacto con otra entidad bancaria a través de sucursal en Sevilla, de la que era director el también acusado Pedro González, con el que “tramitaron y obtuvieron un crédito hipotecario de un millón de euros gravando el solar sobre el que se iba a construir la urbanización. Para obtener el mencionado crédito Baus y Llopis adjuntaron al expediente de concesión para acreditar la viabilidad del proyecto de la urbanización “33 contratos de venta en escrituras privadas entre los que se incluían los contratos firmados con los compradores”.
Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y por ello considera que procede imponer a Baus y Llopis la pena de tres años prisión, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y inhabilitación especial por el tiempo de la pena a imponer para promover o construir viviendas. Además, para Pedro González pide dos años prisión, accesoria de inhabilitación de derecho de sufragio pasivo y la de ejercer trabajos en la Banca o Cajas de Ahorro.
Los acusados y solidariamente la entidad bancaria indemnizaran a la treintena de afectados con lo que acrediten haber pagado en cada caso.