La polémica por el contrato de la cuñada de Díaz llega a la Diputación
El PP apunta que en Biodiésel hubo más trabajadores vinculados al PSOE y exige explicaciones
La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, reclamó ayer explicaciones al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), sobre la contratación de una cuñada de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la empresa Biodiésel Andalucía 2004, que recibió subvenciones de la administración andaluza y la provincial. Entre otras cosas, recordó que Prodetur (sociedad de la Diputación) realizó una campaña de recogida de aceite usado en 2011 con la citada empresa.
Se trata del asunto sobre el que Luis Aznar, portavoz del PP en la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos políticos, preguntó en su comparecencia del 8 de noviembre a Susana Díaz, que reconoció que su cuñada “había trabajado recogiendo aceite usado con un carrito”. La polémica se traslada a la Diputación, desde la que se insiste que el contrato se hizo por un procedimiento abierto y que el PP “miente”, habla sin “rigor” y sin esperar a tener los expedientes que solicitó.
Virginia Pérez esgrimió en su comparencia los datos que ya constan en el perfil del contratante de la Diputación y detalló que el plazo para presentar ofertas al programa de recogida domiciliaria de aceite usado para producir biodiésel concluía el 28 de abril de 2011 y la adjudicación se hizo el 11 de mayo, por 299.729 euros, a “la oferta más cara”, dijo, y poco antes de las elecciones municipales de ese año.
Señaló que en la memoria de Prodetur de 2011 se recoge que “la campaña de recogida de aceite se hace de mayo a noviembre de 2011”, pero el contrato “se adjudicó el 11 de mayo”, lo que considera que no concuerda. Además de la hermana del marido de Susana Díaz, “hablamos de al menos una docena de nombres que se pueden relacionar directamente o a través de familiares con cargos socialistas”, apuntó.
Según el documento, “para su ejecución se seleccionaron jóvenes demandantes de empleo de difícil inserción laboral”, con “riesgo de exclusión del mercado laboral”. Pérez se cuestionó “si la cuñada de la presidenta de la Junta cumplía esa condición”, así co- mo las otras personas “presuntamente vinculadas a familiares del PSOE o miembros del PSOE”, dado que entre ellos habría “diplomados y licenciados”. Por todo ello, instó a Villalobos a contar “cómo se adjudica, por qué y quiénes y cuándo realmente trabajaron” en el marco de este contrato, ya que “es la única forma de ponerle claridad” a algo que ahora es “todo oscuro y huele regular”.
Tras estas manifestaciones, la portavoz del gobierno de la Diputación, Trinidad Argota, defendió que el expediente denominado Ser vicio de recogida de aceites vegetales usados para la producción de biodiésel a través de la promoción de empleo local se sacó a concurso en un procedimiento abierto y que se licitó en dos anualidades, de 2010 y de 2011. Argota acusó al PP de “empeñarse en mentir” sobre el mismo y de romper “todas las reglas del j uego político en periodo electoral, intentando enfangar todas las instituciones con el úni- co objeto de ganar un rédito político que tienen perdido”.
También remarcó que en la Diputación “siempre” han estado “comprometidos con la decencia y la transparencia”, y que aunque el PP “vende a bombo y platillo que nos reclama el expediente” sabe de sobra que todos, “como siempre, están a su disposición”. En esta línea, consideró desleal lanzar acusaciones sin esperar a tener este expediente, menos de 24 horas después de pedirlo formalmente. “El mecanismo de transparencia funciona perfectamente en esta Diputación de Sevilla y todos los grupos tienen acceso a los expedientes que reclamen”, remarcó.
En cuanto a la empresa, señala que “pasó todos los parámetros legales, que fue una licitación que se publicó en los espacios que exige la ley, en este caso en el Boletín de la UE y en el perfil del contratante y que, por tanto, tuvo la máxima transparencia y claridad que reclama la ley”.
El gobierno defiende que el concurso fue abierto y se publicó en el boletín de la UE