Garantizar la reducción del endeudamiento
La deuda viva del Ayuntamiento desde el 30 de junio de 2015 hasta diciembre de 2019 se reducirá en más de 140 millones, dejando a Sevilla por debajo de los 287 millones de deuda con las entidades bancarias. Para el año que viene se plantea incorporar la formalización de un nuevo crédito que permita financiar nuevas inversiones por un importe de 26,4 millones. La cifra de deuda viva al cierre del año será de 17,2 millones inferior a la del último ejercicio, y la más baja de las últimas décadas en el Ayuntamiento. La amortización anticipada de créditos durante 2018 (tanto la programada como la ejecutada en aplicación del superávit obtenido en ejercicios anteriores) permiten que los gastos financieros bajen casi un 12% este año y liberen recursos para otros fines.
de ingresos para acceder a los recursos necesarios para mantener el gasto social y la inversión”, explicó el delegado de Hacienda, Joaquín Castillo. El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) y los partidos ya examinan un documento antes de presentar enmiendas previas a su votación en la sesión plenaria.
Otra de las grandes prioridades del presupuesto son las políticas sociales y de atención a personas desempleadas. El presupuesto de Bienestar Social alcanza los 76,4 millones. Hay otras prioridades que se mantienen en el proyecto de presupuesto como las políticas de igualdad (3,5 millones); la memoria histórica (520.000 euros), el Deporte (30 millones); la cultura (11 millones); el taxi (que llevará la crea-
El CESS y los grupos políticos ya estudian el documento para presentar alegaciones
ción de la nueva app); la cooperación al desarrollo (1,6 millones) o el apoyo a comercio y autónomos a través de subvenciones o medidas para fomentar esta actividad económica.
El delegado destacó el volumen de pérdidas para la ciudad que puede suponer una prórroga presupuestaria, que obligaría a renunciar a los 86,7 millones consignados como inversiones directas; dificultaría la incorporación de proyectos financiados con aportaciones extraordinarias; impediría incrementar los recursos para políticas sociales y complicaría la aplicación de los aumentos de presupuestos para personal y mejora de los servicios públicos.