Más de 140 altos cargos de la Junta cobrarán una asignación tras su relevo
El cambio de Gobierno supondrá la salida de 660 responsables políticos, altos directivos y trabajadores eventuales Suponen el 0,2% de la plantilla de la Administración regional
El traspaso de poderes en la Junta de Andalucía supondrá la salida de un total de 660 trabajadores de confianza, lo que supone el 0,2% de los 270.101 empleados públicos de la Administración autonómica, según un informe interno al que ha tenido acceso este periódico. El colectivo más numeroso que deberá abandonar sus puestos de trabajo en los próximos días es el que corresponde a responsables políticos y altos cargos de la Administración autonómica y asimilados –directivos de empresas públicas–, integrado por un total de 273 personas. Otros 148 ceses atañen a contratos de alta dirección en el sector instrumental de la Junta, en el que se encuadran un total de 144 entidades, entre agencias públicas, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios.
Los miembros del Gobierno tienen derecho al cobro del 80% de su sueldo durante dos años
A ellos hay que sumar 239 trabajadores eventuales. Entre ellos se encuentran jefes de gabinete y asesores de los consejeros, así como el personal de la Oficina del Portavoz, muchos de ellos de carácter técnico, pero con contratos eventuales desde hace décadas. Pese a su antigüedad en sus puestos, no tienen derecho a indemnización por su cese, al igual que el resto del personal de confianza.
Sí podrán percibir una asignación económica mensual por un periodo variable 141 de los altos cargos. Su pago está condicionado a que acrediten como mínimo un año de desempeño en su puesto antes de su cese.
Entre ellos se encuadran tanto la presidenta saliente de la Junta, Susana Díaz como sus consejeros. También podrán cobrar una cesantía un total de 100 titulares de viceconsejerías, secretarías generales, secretarías generales técnicas y direcciones generales. A ellos se suman los ocho delegados del Gobierno de la Junta en cada una de las provincias, así como 19 responsables de los Servicios Centrales de las Agencias Administrativas y Agencias de Régimen Especial.
La cesantía está pensada para facilitar la reincorporación de los cargos políticos a un empleo fuera de sus responsabilidades públicas. El cobro es incompatible con cualquier otro ingreso, incluida la prestación por desempleo y su percepción no es automática, sino que tiene que ser reclamada por los beneficiarios.
El importe que percibirán la presidenta de la Junta y el resto de miembros del Gobierno está estipulado en la Ley 3/2005 de incompatibilidades de altos cargos de la Junta, que a su vez, remite a un artículo de los Presupuestos Generales del Estado de 1981. Ahí se estipula que tendrán derecho a una pensión del 80% de sus retribuciones por el mismo periodo en el que hayan desempeñado sus responsabilidades hasta un máximo 24 mensualidades.
Para el resto de altos cargos con derecho a cesantía, la asignación asciende a una mensualidad de las retribuciones en el cargo en que se cesa por cada año de ejerci- cio, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce, según la guía de incompatibilidades de los altos cargos de la Junta de Andalucía.
La última actualización del registro de ex altos cargos con derecho a asignación se realizó el pasado 30 de septiembre. En ese momento, sólo tres ex responsables de la Junta cobraban la cesantía: la ex consejera de Educación Adelaida de la Calle, y los ex directores generales de Fondos Europeos y Producción Agrícola, Patricia Eguilior y Rafael Olvera, respectivamente.