La Junta eliminará en 2020 más de cien entidades del sector público
El Gobierno andaluz no aclara si la medida conllevará el despido de trabajadores
La reducción y reorganización paralela es una de las prioridades del Gobierno de PP y Ciudadanos y, para ello, cuenta con la colaboración de sus socios de Vox. El Ejecutivo sigue su camino y ayer, durante el Pleno, Juan Marín, vicepresidente de la Junta avanzó que a lo largo de 2020 se eliminarán 109 entidades del sector público instrumental y reconoció la existencia de “chiringuitos” creados por los ejecutivos socialistas.
El también consejero de Regeneración, Justicia y Administración Local no reveló cuánto dinero se ahorrará ni si hay trabajadores en dichos entes que vayan a ser despedidos, aunque fuentes de su departamento explicaron que se trata de entidades sin empleados. El Presupuesto autonómico que se está tramitando con
Juan Marín Vicepresidente de la Junta
Hay entidades que no tienen actividad y otras que nunca la han tenido. Son chiringuitos”
templa 15 millones para posibles indemnizaciones como resultado de la reorganización de la administración paralela, pero Marín, que tiene las competencias en materia de regeneración democrática, no aludió ayer en el Parlamento a esta posibilidad, aunque sí a la posibilidad de que trabajadores del sector público se integren en las consejerías.
“Algunas no tienen actividad y otras nunca la han tenido”, dijo Marín, que cifró en 278 el número de entidades, de las cuales 95 forman parte del sector público andaluz. En la web de la Consejería de Hacienda figuran 213 organizaciones, incluyendo aquí las universidades públicas andaluzas, pero excluyendo al Consejo de la Transparencia y el Consejo Audiovisual. Según el consejero de Regeneración, a finales del año que viene serán 169, un 40% menos.
En su comparecencia a petición del PSOE, el dirigente de
Ciudadanos no desgranó la lista de 109 entidades, pero sí detalló que son dos agencias, 77 consorcios, 16 fundaciones y cuatro sociedades mercantiles. Resulta llamativo que, según la web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, sólo quedan 36 consorcios activos a fecha de 1 de octubre de 2019, sin contar con los las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológicos (Utedlt), que ya están en proceso de liquidación, según anunció el Gobierno el pasado febrero. Sin embargo, 65 de estos consorcios siguen activos y entran dentro del conteo realizado por Marín. En la lista de la web de Hacienda figura también el Consorcio Guadalquivir, cuya disolución se había anunciado previamente.
En su intervención, el vicepresidente aludió a entidades que ya han quedado suprimidas, como la Fundación Mediara (que se eliminó el pasado lunes de forma definitiva) y la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que han revertido 2,2 millones de euros a las arcas autonómicas. “Eran chiringuitos”, insistió antes de desvelar que hay entidades “con un solo empleado” y sin presupuesto para gastos corrientes.
Según Marín, en julio había unas 30.000 personas trabajando en la administración paralela con un coste en personal de 1.200 millones de euros. Elías Bendodo, que es quien habitualmente da cuenta de los asuntos en materia de adminsitración paralela, cifró esta cantidad en 26.045, incluyendo los consorcios. Ante las críticas del PSOE por la disparidad de datos, el titular de Regeneración explicó que cuenta con trabajadores del SAE y Agapa (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera) que no figuran en el dato divulgado por su compañero de gabinete. En el Servicio Andaluz de Empleo trabajan alrededor de 3.000 personas, mientras que en Agapa son más de 2.500.
El vicepresidente andaluz hizo hincapié en los “problemas enquistados” que se han encontrado cuando han analizado la situación de la administración paralela. Entre ellos estaba la variedad de modelos de gestión, con 31 sistemas de gestión diferentes y 38 sistemas económicos-financieros diferentes. Esto ha resultado en diferencias de retribución en puestos de la misma categoría. Como ejemplo, Marín explicó que un asesor jurídico en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera cobra unos 34.000 euros anuales, en RTVA, 68.000 euros y en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 40.000 euros.
“Nos hemos encontrado con un caos a la hora de tratar de poner orden a estos entes instrumentales. El anterior Gobierno aplicaba la fórmula de dejar pasar el tiempo y que las decisiones fueran tomadas por los jueces”, apuntó Juan Marín antes de referirse a los casos judicializados, que suelen ser resueltos en contra de la Administración. El consejero cifró en 80,13 millones de euros el gasto en indemnizaciones a personal que acabó siendo readmitido tras el juicio. “Fuerzan a crear una estructura de puestos de trabajo impuesta por los jueces”, se quejó el líder andaluz de Ciudadanos.
El portavoz socialista, Carmelo Gómez, criticó el trabajo de la Junta con la administración paralela porque, según su versión, se sienten “maltratados” por el nuevo Gobierno andaluz. Según el diputado del PSOE, el Ejecutivo somete a una “asfixia” al sector público andaluz como parte de un “plan” que acabará con la “venta” de los entes instrumentales que son rentables, como Veiasa. Marín, sobre esta empresa, matizó que ha sido Bruselas quien ha advertido de que se trata de un monopolio, algo que no permite la legislación de la UE.