El sector hídrico, abierto al diálogo para abordar importantes retos
● El problema tarifario o la necesaria actuación de la Administración fueron algunos de los grandes ejes de un debate intenso entre los profesionales del ramo
La política de precios es uno de los grandes desafíos que tiene por delante el sector del agua. De forma generalizada, su precio no cubre los costes básicos de este servicio, que sólo puede atender los gastos de explotación año a año. Tampoco cubre el importe de renovación de infraestructuras, ni las inversiones extraordinarias, así como otras vinculadas a la sostenibilidad o la emergencia climática.
Esta carencia supone un gran problema en el medio-largo plazo, tanto para las empresas encargadas de prestar el servicio como para el conjunto de la sociedad. En este contexto, el Grupo Joly, junto a Emasesa (Empresa Pública de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla), organizaron un Desayuno de Redacción en el que varios expertos de distintos ámbitos en materia hídrica –bajo la moderación de Alberto Grimaldi, jefe de Economía de Grupo Joly– debatieron sobre los Sistemas de ciudades de Andalucía frente a la emergencia climática y políticas tarifarias.
En este marco, para Pedro Rodríguez, presidente de ASA, Asociación de Abastecimientos de Aguas y Saneamientos de
Andalucía, “el tema del agua no es algo aislado de todo lo que comprende el ecosistema en el que vivimos actualmente”. El agua, explicó, “tiene, ahora mismo, la misma complejidad que la emergencia climática y forma parte de la realidad transversal que estamos viviendo”. A su vez, puntualizó, que
“estamos en otra forma de contemplar nuestra vida en relación con el agua, un elemento tan vital, y al que no le damos el valor que realmente tiene”.
En base a eso, “nosotros no podemos organizar ni dirigir el cambio climático, la sequía o las inundaciones, pero sí podemos planificar cuál debe ser nuestra actuación para aminorar y hacer frente a los efectos contrarios que tiene este nuevo tiempo. Existe una responsabilidad y obligación de todos –poder público, ciudadanía y agentes intermediarios–, de encontrar y participar de una solución”. Un compromiso con el que, todos en la mesa, coincidieron como necesario, sobre todo, bajando a la gestión del ciclo integral del agua urbana, cuando Rodríguez aseguró que “tenemos la responsabilidad de hacer este recurso sostenible como servicio público”. Y, para ello, destacó, “hace falta financiación”.
Teniendo en cuenta que, en 2006, la inversión pública en infraestructura hidráulica en España (entre todas las administraciones) fue de 5.400 millones de euros; en 2016, 1.500 millones; y, en 2019, 740 millones, se observa claramente un descenso en el refuerzo público que, obviamente, tiene repercusiones para toda la ciudadanía.
Ese es el marco con el que se cuenta. La adaptación al cambio climático y las exigencias para el cumplimiento normativo, tanto a escala nacional como europea, requiere de inversión en infraestructura y, lamentablemente, “España se revela como el país de la Unión Europea en el que prácticamente menos se invierte en este tema”, explicó Rodríguez quien subrayó que, “a esa necesidad de inversión de infraestructuras, hay que sumarle el mantenimiento de las existentes”.
En esa misma línea, Juan Pablo Merino, director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Aqualia, destacó
que “el modelo español de gestión del agua es costoso”. Existen, indicó, “fallos y carencias que repercuten en el déficit de estructuras e inversiones, lo que supone incumplir ciertas normativas europeas, como es el caso de la depuración, y nos ubica en la cola de Europa con el descrédito que ello supone”. Este es un déficit, insistió, “que hay que paliar”.
A ese respecto, Merino también incidió en que las tarifas actuales no permiten cubrir costes en relación al servicio que se ofrece. Lo interesante sería conseguir con ellas la triple sostenibilidad –financiera, social y medioambiental–, pero, para alcanzar las dos últimas, “es absolutamente necesario tener cubierto el apartado financiero”. Así las cosas, concretó, “las tarifas en Andalucía no son altas, lo único necesario es consenso para poder cumplir con la Directiva Marco Europea del Agua (DMA)”.
TRANSPARENCIA
Otro punto que Merino quiso destacar fue la transparencia o, más bien, la falta de ella en el sector. Este argumento fue apoyado por Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos del Agua (Aeopas), para quien, dado que el cambio climático rompe la dicotomía del mundo rural y urbano, “hay que ser claros y transparentes a la hora de proteger nuestro ecosistema y el servicio con agua de calidad, que será determinante”.
Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), España, en general, no tiene más capacidad de regulación. Actualmente, explicó Babiano, “existen problemas de sobreexplotación y calidad del agua que están afectando a muchos pueblos”. Esto, lógicamente, también tendrá un coste que habrá que afrontarlo, bien a través de los presupuestos (Estado, comunidades autónomas y/o ayuntamientos) o de la tarificación”. Teniendo en cuenta que en Andalucía hay más zonas rurales que ciudades de más de 50.000 habitantes, por ejemplo, expuso
Babiano, “son necesarios mecanismos claros de solidaridad”. Sin embargo, lo verdaderamente prioritario, a su juicio, “es que la Junta de Andalucía realice un diagnóstico de las necesidades que tiene el sector hídrico para saber cuánto van a costar esas carencias y cómo se pueden financiar”. Y añadió dos factores claves que forman parte de la solución: “Es importante una corresponsabilidad en el servicio de la ciudadanía y llegar a altos niveles de consenso para afrontar el cambio climático vinculado también al propio servicio”.
GOBERNANZA COMÚN
Esta misma materia de responsabilidad compartida fue analizada por Matilde Mancha Montero Espinosa, directora regional en Andalucía de Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía S A. La directiva destacó que el concepto de sostenibilidad, tan manido y reiterado durante 40 años, ya ha dado un salto cualitativo y, en estos momentos, “el ciudadano ha de saber la problemática que conlleva una tarifa deficitaria”. Para Mancha, además, “las Administraciones públicas necesitan, en materia hídrica, una gobernanza común”. La concienciación, comentó, debe llegar a todos los actores de la sociedad ante una problemática –léase cambio climático, inundaciones, zonas decretadas de sequía, incendios...– que es de índole global. “¿Cómo se van a afrontar esas decisiones que hay que abordar”, preguntó al resto de la mesa. Una cuestión importante, aunque no menos que la de saber “cómo se gasta la Administración esas inversiones destinadas a resolver esos problemas”, además de “tener en cuenta temas relevantes como, entre otros, la digitalización del sector o los modelos predictivos”.
En este espacio, aseguró, “hay lugar para todos”. Y el ciudadano “tiene que saber que hay que tomar medidas sí o sí”.
PACTO DE ESTADO
Por su parte, Jaime Palop Piqueras, consejero delegado Emasesa, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, coincidió con el resto de ponentes en muchos aspectos y aportó un dato preocupante: “En los últimos años está dejando de llover un 7%, cuantificación realizada por la CHG. Esta cifra repercute en una alteración de la calidad del agua ya que, además, el otoño está pasando desapercibido como recolector de lluvias como así era no hace tanto”.
Por tanto, el cambio climático es una realidad y así se está notando, aseguró. Tal es así que el Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el Estado de Emergencia Climática porque “el ciudadano debe estar informado debidamente y la Administración tiene que actuar ya”.
Aunque en Andalucía está garantizada el agua “con una calidad magnífica”, aseguró Palop, “el problema está soterrado y no se ve”. “Abrimos el grifo y sale agua... ¿Somos conscientes de ello? Hemos tenido una política tarifaria que no ha sido realista y, sin embargo, a la hora de abordarla, me temo que es políticamente incómodo”.
Además, insistió en un argumento ya expuesto: “Tenemos que hacer frente al cambio climático y renovación de infraestructuras para que nuestros hijos puedan disfrutar de una calidad del agua como nosotros lo hemos hecho”.
En ese sentido, hay poblaciones pequeñas “en las que es imposible que se multiplique la tarifa porque, políticamente no será viable, y, necesariamente, han de estar atendidos”.
Es el momento, concluyó, “de propiciar un pacto de Estado, o con las Comunidades Autónomas o la Administración local. Este reto está por encima de cualquier color político. Hay que sumar responsabilidades y, sobre todo, evitar la agitación y el descontento social, siendo transparentes e informando de la situación de manera realista”.