El propietario y su hijo seguirán en prisión
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha rechazado los recursos de apelación presentados por la defensa del dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y de su hijo Sandro José Marín Rodríguez, y ha mantenido la decisión de la instructora de que sigan en prisión provisional para evitar el riesgo de fuga y ante la “actitud obstruccionista” de los investigados.
El tribunal considera que en el presente caso existen los indicios para considerar a estos dos investigados responsables de los delitos contra la salud pública, de tres delitos de homicidio imprudente, dos de lesiones al feto con resultado aborto y de otros tantos de lesiones por imprudencia grave. Entre esos indicios, la Audiencia destaca “la comprobación del origen de la intoxicación mediante el análisis de muestras de carne mechada, elaborada y comercializada por la empresa que administraba el recurrente y de las extraídas de las instalaciones de la misma y análisis de afectados”.
El presidente de la Sección Tercera, Ángel Márquez, ponente de los recursos, recuerda asimismo el hecho de “no haber adoptado medidas necesarias, al menos, en el mes de febrero de 2019, cuando supo la presencia de la bacteria en un lote de carne mecha, limitándose, según declara, a tirar a la basura el lote contaminado, sin dar cuenta de tal descubrimiento a la autoridad sanitaria competente, ni adoptar otras precauciones como sería lógico que lo hiciera antes de seguir la producción, con el riesgo, que ya sabía, que podría desencadenar para la salud de los consumidores”.
El propietario de Magrudis y su hijo Sandro José están en prisión desde el 26 de septiembre pasado y su defensa solicitó la puesta en libertad alegando que la decisión adoptada por la juez instructora no cumplía los requisitos y finalidades que podrían justificar su imposición y, además, carece de motivación suficiente, unos argumentos que el tribunal los rechaza en sendos autos fechados el día 7 de noviembre.
La Audiencia considera que, en este caso, “la naturaleza y gravedad de los hechos, la pena con que están castigados y la alarma social creada, aconsejan mantener la actual situación de prisión provisional”.