La magistrada imputa al asesor financiero y al arquitecto del proyecto
La instructora también llama a declarar como investigados el 17 de diciembre a los dos dueños de Comercial Martínez León
La juez que investiga el brote de listeriosis de Magrudis ha citado a declarar el próximo 17 de diciembre a otros cuatro investigados: el asesor financiero de la empresa, el arquitecto que presentó la declaración responsable de inicio de la actividad y a los dos administradores solidarios de la empresa Comercial Martínez León, que distribuía la marca blanca de la carne mechada que fabricaba Magrudis. Con estas nuevas imputaciones, hay ya diez personas investigadas.
En una providencia, la titular del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha acordado citar al asesor financiero D. M. M., al arquitecto S. L. G., y a los administradores solitarios de Comercial Martínez León A. M. L. y D. M. L.
La empresa Comercial Martínez León S.L. aseguró en agosto pasado, cuando se decretó la alerta sanitaria, que cumplió la normativa, que no manipuló ningún producto de Magrudis y que se limitó a distribuirlo. “Tal y como me viene el producto de Magrudis lo vendo, tal como me lo manda Magrudis lo distribuyo”, afirmó entonces uno de los socios de la empresa, que “es una distribuidora, no fabrica por tanto ningún producto, y distribuyó carne mechada y chicharrón de Cádiz fabricados, envasados y etiquetados por la empresa Magrudis, sin mediar en su manipulación y cumpliendo estrictamente los protocolos de conservación y distribución que marca la normativa vigente”.
Por su parte, el asesor financiero de Magrudis D. M. M. aparece en uno de los pinchazos teléfonicos en los que el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, alude al “problemilla” que tenían con el enganche ilegal de luz en las instalaciones de la empresa en el Polígono Industrial El Pino. Esta conversación tuvo lugar el 17 de septiembre, a las 13:15, con el asesor financiero de Magrudis, y los investigadores de la Guardia Civil consideran que el asesor financiero puede estar involucrado en un delito de encubrimiento de la defraudación de fluido eléctrico, así como de pertenencia a grupo criminal, puesto que señalan que ha protagonizado presuntamente actos que “exceden el límite de su actuación profesional”, al ser conocedor del enganche ilegal en las naves de Magrudis y
“encubre dicha actividad ilícita”, recoge un informe policial remitido a la juez del caso.
Según consta en la causa judicial, Magrudis defraudó un total de 46.231 kWh a la compañía eléctrica Endesa. El coste del fraude equivaldría al consumo que genera una lavandería durante un año completo o al de tres grandes partidos de la Champions League, según fuentes del sector.
El cuarto investigado que declarará el 17 de diciembre es el arquitecto S. L. G., que elaboró la “declaración responsable” de inicio de la actividad de Magrudis presentada en el Ayuntamiento en diciembre de 2018 pero que el Consistorio metió en “un cajón” por falta de personal.
En un informe remitido al juzgado, la Guardia Civil sostiene que el arquitecto presentó dicha declaración, como técnico redactor del proyecto, “cometiendo numerosas inexactitudes y deficiencias en la documentación y proyecto”. Algunas de esas deficiencias eran “graves y de carácter esencial, dando apariencia de legalidad a una actividad no controlada y que se quiere legalizar, con el objeto de obtener un lucro económico”.
En la causa judicial figuran ya como investigadas diez personas