Fomento considera legal la regularización de las viviendas
La Consejería de Fomento considera que el decreto-ley que regularizaba 327.583 viviendas sin cobertura legal en Andalucía y que ha impugnado el Gobierno central por invasión de competencias no se excede de sus competencias ni colisiona contra la Ley estatal de Costas. Fomento está aún a la espera de la llamada a la reunión de la comisión bilateral GobiernoJunta, de cuya conversación debe aclararse el contencioso. En caso de que no haya acuerdo entre las dos administraciones, el Gobierno denunciará el decreto al Tribunal Constitucional.
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, afirmó ayer en la sede parlamentaria que “confía” en la legalidad del decreto andaluz que regulariza las edificaciones, convalidado en la Cámara por todos los grupos parlamentarios salvo Adelante Andalucía, argumentando que el citado texto legislativo contó con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Junta. “En ningún caso invade la Ley de Costas ni las competencias del Estado”, dijo taxativamente ayer Carazo durante su comparecencia en la Comisión de Fomento.
La consejera andaluza instó al Gobierno central a que convoque el foro bilateral lo antes posible, y no esperar hasta junio, que es cuando concluye el plazo para la convocatoria de la reunión por el contencioso de competencias, en pro de la tranquilidad de los propietarios afectados. “El Gobierno no puede hacer rehenes de una batalla política a los miles de andaluces afectados”, dijo Carazo.
“Entiendo que exista una situación de intranquilidad”, añadió la consejera, quien acusó al Gobierno de Sánchez “de poner zancandillas a Andalucía” y que el conflicto de competencias planteado no es sino un episodio más de una táctica de obstaculización contra la Junta: “No nos van a parar ni nos van a callar: vamos a seguir poniendo soluciones legislativas a los problemas de los andaluces”.
Adelante Andalucía lamentó durante el debate en la comisión que el decreto de regularización de edificaciones irregulares no impida tales prácticas a futuro.
El Gobierno central ha planteado un conflicto de competencias por el decreto-ley de la Junta