El Gobierno rebaja las exigencias para el subsidio agrario
Podemos deja de lado a los agricultores y pone en los jornaleros el foco de la crisis agraria
El Ministerio de Trabajo, en manos de Podemos y competente en asuntos como el salario mínimo, ya ha comenzado a señalar cuáles son sus prioridades respecto a los graves problemas que atenazan al campo, y que han motivado que miles de agricultores estén saliendo a la calle en estos días, ayer mismo en Córdoba, Valencia y Asturias.
Así lo demostró al desconvocar a las organizaciones agrarias de una reunión que estaba prevista para ayer viernes, y en la que iba a haber tres actores: el Gobierno –en la persona de la ministra del ramo, Yolanda Díaz–, los agricultores –a través de Asaja, UPA y COAG– y los sindicatos UGT y CCOO. En teoría, una reunión de trabajo para profundizar en el diálogo social en el campo y abordar cuestiones bastante candentes en lo laboral.
Sin embargo, a última hora de la noche Asaja, UPA y COAG fueron desconvocadas y se mantuvo la convocatoria para UGT y CCOO, al que se añadió –no se sabía que hubiera sido convocado– el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con Diego Cañamero al frente. Tanto Comisiones Obreras como UGT mostraron su malestar ante esta invitación, ya que, alegaron, la representatividad del SAT apenas alcanza el 1%.
Todavía quedaba una sorpresa más: la presencia del vicepresidente Pablo Iglesias, encargado por Sánchez de los asuntos sociales, posiblemente el factor que ha motivado los cambios en la convocatoria y el giro de la reunión en exclusiva hacia la situación de los temporeros.
Lógicamente, las organizaciones agrarias pusieron el grito en el cielo, sobre todo por las formas, ante este plantón sin explicaciones, y el Gobierno respondió que esta cancelación no era tal, sino un aplazamiento. Dicho y hecho: horas después de la desconvocatoria, se anunciaba una reunión sólo con las asociaciones de agricultores para el próximo martes. Pero ya el mensaje está dado y se sabe cuál es la prioridad: atender los problemas de los jornaleros, que, por cierto, también son muchos. Por ejemplo, las malas campañas y los temporales del año pasado han generado que muchos temporeros no hayan trabajado los suficientes jornales para acceder al subsidio agrario, que, recordemos, únicamente se aplica en Andalucía y Extremadura. Para obtenerlo, deben haber trabajado un mínimo de 35 jornadas en un periodo de 12 meses.
Trabajo dejó caer este viernes que el requisito se rebajará a 20 jornadas, pero de manera “coyuntural”. Eso no es nuevo: ya se hizo, por ejemplo en 2013. La novedad puede estar en “la reforma a medio plazo del sistema de peonadas para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios”, según se señala desde Trabajo. CCOO, en concreto, ha propuesto apostar por la figura del personal fijo discontinuo o establecer bolsas de eventuales para evitar la arbitrariedad en la contratación o el encadenamiento de contratos temporales.
Otro asunto clave para los sindicatos y para el Gobierno es el fraude laboral en el campo, que existir existe. Lo hay en la consecución de las peonadas –que se llegan a comprar, algo en lo que participan los propios trabajadores– y también hay una economía sumergida que hace daño aquella parte del sector, mayoritaria, que cumple la legalidad.
El Gobierno ya estudia medidas y cambios legislativos para reforzar las competencias de la Inspección de Trabajo en el sector agrario. El Ministerio de Trabajo ha dejado claro que “no va a permanecer impasible” ante las declaraciones del relator especial de la ONU, Philip Alston, que afirmó que las condiciones de los trabajadores eventuales del campo de Huelva –se refería, en concreto, al sector de la fresa– eran “mucho peores que las de un campo de refugiados”.
Al encuentro sí asisten el vicepresidente Pablo Iglesias y representantes del SAT