UN PACTO DE ESTADO POR LA DEPENDENCIA
EN el desarrollo de la labor de gobierno creo que hay asuntos que deben generar consenso y mantenerse al margen de la confrontación política. Es por ello que el pasado 10 de febrero el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de pedir al Gobierno de la Nación abordar y suscribir un pacto de Estado para proteger y garantizar el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la conocida como ley de la dependencia.
¿Y por qué es necesario ahora un pacto de Estado? Debemos afirmar con firmeza que el derecho subjetivo de la dependencia, el bienestar de nuestros mayores, el ofrecerles la mejor calidad de vida y contribuir a que nuestra sociedad, cada vez más envejecida, viva mejor es un deber legal y moral para todos. Entré en política con el firme propósito de no perder nunca de vista que nuestro compromiso es con las personas y que nuestro objetivo es hacerles la vida más fácil. Política útil al servicio de los demás.
Pero además hay no pocas cuestiones objetivas que demandan un cambio de modelo en la ley de dependencia, un estudio riguroso que refleje la realidad del sistema de garantía y garantice la cuarta pata del estado de bienestar. En primer lugar, hay que revisar los cálculos planteados por el Libro Blanco de la Dependencia que sirvieron de base para establecer la cartera de servicios de la posterior Ley y su sistema de financiación. Un dato nos vale para afirmar que la previsión de la población dependiente potencialmente diana no se ha cumplido y estaba basada en el voluntarismo. La estimación que hacía el Libro para el año 2020 se alcanzó ya en el año 2010. Las previsiones poco precisas que desde 2006 no se han actualizado, han condenado a que la Ley, a pesar de suponer un gran avance en los derechos garantizados de los ciudadanos, naciera herida de muerte en lo que a su financiación se refiere.
El actual sistema de financiación está lejos de cumplir lo fijado en la ley de dependencia. La contribución de Andalucía al sostenimiento de la misma, que alcanza los 1.509 millones de euros, con un aumento presupuestario para 2020 de 46,8 millos de euros, supone el 82% del coste de financiación. Estas cifras contradicen el reparto previsto en la norma, que habla del 50% Gobierno de España y 50% comunidades autónomas. Este pacto de Estado lleva consigo el compromiso de mantener la dotación económica en dependencia que se realiza actualmente mientras el Gobierno de España alcanza su 50% de financiación. Esto supondría alcanzar un presupuesto superior a los 3.000 millones de euros, que serviría para mejorar, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, el coste/plaza que se abona en las residencias de discapacitados o mayores o la eliminación de las listas de espera.
Pero este pacto que proponemos va mucho más allá. El reto demográfico al que se enfrenta nuestra comunidad autónoma hace que tengamos que abordar de manera urgente unas políticas de prevención eficaces. Con esa voluntad nace el I Plan Estratégico Integral de Personas Mayores de Andalucía (2020-2023). Plan que engloba, entre otras, medidas con las que se pretende atender a las personas con enfermedades que si no son atendidas en un marco temporal determinado se convierten en crónicas y pierden calidad de vida. Un claro ejemplo de estas situaciones son las personas que sufren un ictus o una intervención quirúrgica como la fractura de cadera.
El pacto de Estado que proponemos reclama de manera contundente que las personas con discapacidad, al cumplir los 65, conserven el derecho de prestación como persona con discapacidad y no se les obligue a ocupar un recurso para personas mayores, como establece actualmente la ley. Esto implicaría una atención adaptada y especializada.
Otro de los aspectos en los que queremos ser ambiciosos es en la reclamación de un fondo de garantía que blinde la atención a la dependencia como ocurre con las pensiones. Las personas dependientes, su atención, su bienestar, no puede quedar al albur de las citas electorales. Es más, tampoco puede depender del lugar en el que uno resida. Por ello, reclamamos también una cartera básica que garantice que andaluces, gallegos, catalanes, vascos o madrileños reciban la misma atención bajo los principios de igualdad y equidad.
Estas son las líneas básicas que el pacto de Estado promueve. Confío en que todos los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones implicadas seamos capaces de darnos la mano para elevar esta reclamación al Gobierno central. Porque los intereses o ideologías no tienen cabida cuando hablamos de atender a los que más nos necesitan.
El actual sistema está lejos de cumplir lo fijado en la ley de dependencia. La contribución de Andalucía al sostenimiento de la misma supone el 82% del coste de financiación