La veterinaria municipal deriva la responsabilidad de la inspección a la Junta
Asegura a la juez que la “supervisión” de Magrudis no tenía que hacerla el Consistorio
La inspectora veterinaria María José O. B. derivó ayer la responsabilidad de las inspecciones de la empresa Magrudis, donde se detectó el mayor brote de listeriosis de España que ha causado cuatro muertos, a la Junta de Andalucía. En su declaración como investigada ante la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, la funcionaria alegó que la “supervisión” no la hace el Ayuntamiento de Sevilla, sino que explicó que la Junta hace “anualmente una plan de inspección y otro de supervisión, y se lo presenta al Ayuntamiento”, precisó María José O. B., según confirmaron a este periódico fuentes del caso.
La funcionaria, que sólo declaró a las preguntas de la instructora y de la Fiscalía y se acogió a su derecho a no declarar a las de las acusaciones particulares y de las defensas de los afectados, insistió en que el Ayuntamiento “no hace supervisiones y cuando de lo encarga la Junta, realiza una al año”. María José O. B. aseguró que el 14 de agosto de 2019 –cuando aún no se había declarado la alerta sanitaria por parte de la Junta– una compañera suya aconsejó que se limpiaran y desinfectaran las instalaciones de Magrudis porque “únicamente se habían recibido tres lotes” y se pensó que en lugar de listeria podría tratarse de un brote de salmonella, más propio del verano.
La inspectora veterinaria ahora investigada en la causa acudió el día 16 de agosto a la nave de Magrudis en el polígono industrial El Pino, y ese día es cuando los trabajadores, según dijo, empezaron a limpiar, y ella tomó muestras de superficie en el carro del horneado de la carné mechada y del condensador de la sala de enfriar el productor, denominada sala de “abatidor de temperatura”.
La investigada, que afirmó que se “enteró por la prensa” del brote de listeriosis, indicó que fue a Magrudis porque había que hacer “una inspección oficial” y reiteró que la supervisión esta programada. También sostuvo que el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro –ambos siguen actualmente en prisión provisional– le “ocultaron” que habían estado elaborando chorizos, y cuando les preguntaron por esta cuestión, le respondieron que “únicamente habían hecho una prueba”. Por último, señaló que el plan de control de plagas estaba contratado en el año 2017, así como el plan de mantenimiento de las instalaciones y el de trazabilidad, al igual que el de mantenimiento de la cadena de frío y el de certificación sobre suministros y proveedores.
Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, defendió ayer la “colaboración” del Consistorio con la investigación judicial y abogó por no “deducir” los “pasos que dé o no la autoridad judicial” en el futuro. “Lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, colaborar con la Justicia cuando se nos pide documentación o se llama a cualquier persona (a declarar) para aportar luz a todo este caso”, indicó el primer edil.
No obstante, la colaboración que defiende el alcalde no casa bien con el hecho de que la funcionaria municipal no haya querido contestar a las demás acusaciones particulares, a pesar de que tiene derecho a no declarar a todos o a algunas de las partes.