Deoleo concluye el litigio con los hermanos Salazar con un acuerdo extrajudicial
● Recibirá entre 8 y 12 millones de euros años después de denunciar un fraude de 230 millones por parte de los ex gestores
La aceitera Deoleo recibirá entre 8 y 12 millones de euros tras alcanzar una serie de acuerdos extrajudiciales que ponen fin a los litigios con los hermanos Jesús Ignacio y Raúl Jaime Salazar Bello, ex gestores de la empresa, por el desfalco de SOS Cuétara (antigua denominación de Deoleo), que llevaban años tramitándose en la Audiencia Nacional.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal tenía previsto iniciar ayer el juicio contra los hermanos Salazar Bello por un presunto fraude de más de 230 millones de euros cometido cuando estaban al frente de la compañía. La Fiscalía rebajó notablemente su petición de pena de prisión para ambos tras alcanzar un acuerdo conformidad con su defensa.
El fabricante de Hojiblanca y Carbonell ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que, tras completarse estos acuerdos, se asegura el cobro efectivo de unas cantidades por un importe neto estimado de entre 8 y 12 millones de euros en función del valor de realización último de algunos activos que serán transmitidos en pago a la sociedad, una cifra inferior a la solicitada inicialmente en el inicio del proceso.
Deoleo señala que la revisión de este procedimiento puso de manifiesto, por un lado, unas expectativas de cobro remotas, dada la “práctica insolvencia” de los ex administradores y grandes dificultades de cobro, lo que conllevaba un “elevado coste, económico y en tiempo”, y por otro, la exigencia de los acreedores con los que se negocia la reestructuración financiera, en el sentido de concluir esta situación para que se eliminen todas las posibles contingencias por reclamaciones, y las incertidumbres asociadas a las mismas.
Los hermanos Salazar se encontraban inmersos en este procedimiento judicial desde 2009 cuando el grupo SOS Cuétara presentó una querella contra los hermanos por un presunto fraude de más de 230 millones de euros cometido cuando estaban al frente de la compañía. Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los acusados actuaron “de común acuerdo, en perjuicio de la sociedad, valiéndose de sus posiciones en la compañía” para ir transfiriendo cantidades dinerarias desde la tesorería de la empresa a otras vinculadas a ellos.