La Fiscalía se opone a que Junqueras salga de la prisión para trabajar

● El Ministerio Público rechaza el permiso laboral porque ve primordial “reeducarlo” ● El ex ‘vicepresident’ reta al Constitucional a preguntar a Europa si el Supremo lo podía condenar

La Fiscalía se opuso a la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario al ex vicepresidente Oriol Junqueras, que le permite salir tres días a la semana para dar clases, al considerar que lo “primordial” en su caso es “reeducarlo” para que interiorice el respeto a la ley. Así lo sostiene el Ministerio Público en un escrito en que rechaza la decisión de la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners (Barcelona) de aplicar el 100.2 a Junqueras, que desde el 3 de marzo sale los lunes, martes y jueves de prisión, entre las 11:30 y las 16:30, para trabajar como docente en la Universidad de Manresa, donde imparte un curso sobre raíces del pensamiento contemporáneo y occidental.

En su escrito, la Fiscalía denuncia que Junqueras no cumple los requisitos para disfrutar de esta f lexibilización y resalta que el líder de ERC “justifica su actividad delictiva”, por la que fue condenado a 13 años por sedición y malversación, y no ha asumido los hechos cometidos ni se ha arrepentido, elementos “clave” en el proceso de reinserción.

Es más, según la Fiscalía, en el caso de Junqueras lo prioritario no es su reinserción social, puesto que ya está plenamente adaptado a la vida social, sino que “lo primordial” en el cumplimiento de su pena es cubrir “otra finalidad”, como la “reeducación” a través de “un adecuado programa de tratamiento cuyo objetivo sea la necesidad de interiorización del respeto a la ley”.

También apunta que Junqueras no presenta ninguna carencia en el ámbito laboral y subraya que antes de cometer el delito por el que fue condenado ya ejerció como docente, y ello no impidió que acabara perpetrando el delito.

Según la Fiscalía, mediante el artículo 100.2 se ha otorgado a Junqueras una situación “equivalente” al tercer grado que no produce ningún efecto en su tratamiento, por lo que no ve justificado que se le aplique una f lexibilización que debería ser “excepcional” y más si aún no ha cumplido una cuarta parte de su condena.

Sostiene también el Ministerio Público que si se autorizan las salidas laborales de Junqueras de prisión se desvirtúa otro de los fines de la condena, como es la “intimidación” al conjunto de la sociedad y al propio delincuente” para disuadir mediante ella de la comisión de nuevos delitos, ante lo que se evidenciaría que la justicia no sería igual para todos.

Como ya ha hecho la Fiscalía en los otros cuatro recursos que había interpuesto hasta el momento contra la aplicación del 100.2 a los presos del procés, el Ministerio Público denuncia un “plan” por parte del Govern para otorgar de forma “generalizada” un régimen de semilibertad a los condenados por el Supremo.

Paralelamente, Junqueras pidió al Tribunal Constitucional que anule la condena a 13 años que le impuso el Supremo y retó al tribunal de garantías a preguntar a la Justicia europea si le podían juzgar y condenar sin que previamente la Eurocámara levantara su inmunidad. Así lo sostiene Junqueras en un recurso que interpuso junto al ex conseller Raül Romeva, en que piden al Tribunal Constitucional que anule su condena y los deje en libertad de forma inmediata al considerar que el Supremo vulneró sus derechos fundamentales en un “ataque político” para neutralizar al independentismo.