SOSPECHOSO habitual pero no beneficiario
DESDE que comenzó el escándalo de los ERE, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández entró a formar parte del reducido grupo de sospechosos habituales de los ERE, un reducido grupo de ex altos cargos de la Junta que estaban llamados a figurar como investigados en relación con las distintas ayudas que iban siendo cuestionadas. Junto a Antonio Fernández, otro de los habituales, que acudieron al juzgados en numerosas ocasiones es el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, y lo mismo ocurrió con otros ex altos cargos relacionados ya sea con la concesión o el pago de las ayudas de la célebre partida 31L, conocida como el fondo de reptiles.
Pero al igual que todo lo que sube baja, esa escalada de imputaciones, que coincidió con los primeros años de la instrucción y el mando de Mercedes Alaya, se vino abajo sobre todo desde que la Audiencia de Sevilla estableció su criterio de que los ex altos cargos imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” debían de ser excluidos del resto de las investigaciones de las ayudas individuales, en aplicación del non bis in ídem. Y recientemente, el mismo tribunal que resuelve los recursos y que estableció ese criterio que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación de la Junta han impugnado en numerosos recursos, la Sección Séptima ha dictado un auto en el que corrige una de las principales e históricas acusaciones que pesaban contra la honorabilidad del ex alto cargo por haberse incluido supuestamente en uno de los ERE, en el de la empresa González Byass, donde trabajó desde que era menor de edad.
El auto de la Audiencia, cuya ponencia corresponde al magistrado
Javier González, presidente de la Sección Séptima, es contundente al afirmar que Antonio Fernández “no es beneficiario de la póliza al no haber suscrito el boletín de adhesión” y además “no ha percibido ninguna cantidad de la compañía Generali”.
Y la sala ha llegado a esta conclusión después de haber analizado tres documentos que se remontan al año 2011, un año antes de que la juez Mercedes Alaya tomara declaración a Antonio Fernández (en abril de 2012) y lo enviara a prisión provisional.
Uno de los documentos es una carta que Fernández dirige a Uniter el 30 de junio de 2011, en la que pone de manifiesto que aun cuando figura como beneficiario de la póliza, no suscribió el boletín de adhesión, y no se han generado derechos a su favor. El segundo documento es una carta de marzo de 2011 de la asociación de ex trabajadores de González Byass señalando precisamente que Fernández no está adherido a la póliza ni es socio de la asociación. Y en tercer lugar figura un certificado de Generali que acredita que el ex consejero no percibió ninguna cantidad de dicha compañía con cargo a la póliza de las prejubilaciones.
¿Cómo es posible que si estos documentos se conocen desde el año 2011 y están aportados a la causa no ha sido hasta 2020 cuando se han despejado las dudas sobre Fernández y el ERE de González Byass?
El propio tribunal que ha exculpado a Fernández de la investigación de la pieza de González Byass da una explicación. Para
El ex consejero trabajó en González Byass desde 1971 hasta su entrada en la política, en 1983