Un “ingente ejército” de 3.000 desempleados vigilarán las playas
La medida busca reforzar la marca de Andalucía, garantizando la seguridad en las costas Moreno insiste en la crítica al Gobierno central por impedir a Málaga y Granada pasar a la fase 2
nómico”, afirmó el presidente andaluz, quien lamentó que esa decisión del Gobierno central afecte “gravemente a la imagen y excelente reputación de dos provincias que son referentes mundiales del turismo”, recogió Europa Press en una nota.
Moreno arremetió con dureza contra la gestión del Gobierno presidido por Sánchez, cuya obligación es basar sus decisiones en “criterios claros y transparentes”. “Los agravios territoriales dañan la credibilidad de la autoridad única y erosionan su legitimidad; el Ejecutivo nacional debe guiarse por un escrupuloso principio de igualdad y de justicia y no por la arbitrariedad”, dijo.
Moreno aludió al término “inentendible” para hacer referencia a la decisión de Sanidad de mantener a Málaga y Granada en la fase 1 durante dos semanas, con lo que se certifica que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, no comprendió con la suficiente claridad las explicaciones ofrecidas por su homólogo en el Ministerio y máxima autoridad en los días precedentes, jornadas en las que
los dirigentes de ambas administraciones mantuvieron reuniones para negociar el pase a la fase 2.
Para la Junta la urgencia consiste en regresar lo antes posible a la normalidad, sobre todo ahora, en temporada alta, cuando los ciudadanos, de unos y otros sitios, empiezan a pensar en las vacaciones. Con las costas de los países y comunidades autónomas que pueden considerarse rivales de Andalucía ya a pleno rendimiento, el interés de Moreno es no perder el foco de atracción para los visitantes que busquen el sencillo y barato sol meridional. De ahí el anuncio del “ingente ejército” de 3.000 auxiliares de playas, que velarán por la seguridad de los arenales andaluces durante todo el verano. Piensa la Junta que tal medida suponga un valor para los turistas.
El anuncio detallado de Moreno consistió en la puesta en marcha de un “plan de empleo para playas seguras” que permitirá contratar a cerca de 3.000 personas, cuya labor consistirá en garantizar la seguridad de los bañistas, realizar tareas de vigilancia