Más de 9.000 detenidos y 1,2 millones de sanciones en 98 días
La Administración deberá afanarse en la tramitación de las multas para que no prescriban Andalucía lidera los castigos
El estado de alarma por la pandemia llegó a su fin con más de 9.000 detenidos y casi 1,2 millones de sanciones, una abultada cifra para una Administración sobrepasada que, según los expertos, deberá afanarse en su tramitación si no quiere que, al menos las de carácter leve, prescriban.
Durante estos meses, saltarse el confinamiento ha comportado propuestas de sanción que pueden conllevar multas desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio, según una guía distribuida por Interior al mes del estado de alarma.
Por comunidades, y con datos de mediados de junio, es Andalucía la que acapara el mayor número de sanciones, con algo más de 194.000, por delante de Madrid, con unas 183.000, y la Comunidad Valenciana (en torno a las 167.000). Las tres representan el 48% del total. Respecto a las detenciones, son también esas tres las que absorben la mayoría, con más de 1.400 en cada caso.
Apenas comenzado el estado de alarma, las redes se llenaron de vídeos con originales formas de saltarse el confinamiento. Sonado fue el caso del vecino de Murcia que sacó la basura disfrazado de dinosaurio; o el de esos otros de Palencia y Monforte (Lugo) que, a falta de perro, sacaron a pasear al peluche, el primero, y a dos cabras sujetas con una correa, el segundo.
Ya en plena desescalada, la celebración de botellones, como el famoso de Tomelloso (Ciudad Real), y fiestas en los domicilios han obligado a los agentes a levantar actas de sanción.
La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ha sido en la que se han apoyado los agentes para denunciar al infractor, dado que no se creó ninguna norma ad hoc, si bien algunos expertos dudan de que este régimen sancionador haya dado una “respuesta adecuada” a las infracciones y se preguntan si no hubiese sido mejor crear uno específico.
En opinión del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia Gabriel Doménech, la regulación ha sido “insuficiente” y el Gobierno ha tratado de utilizar dicho régimen sancionador “con interpretaciones discutibles”. Silvia del Saz, catedrática en el mismo campo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, destaca los problemas en la tipificación de la infracción, generalmente por desobediencia, que exige un requerimiento previo, y ve camino en los recursos que se planteen.