Diario de Sevilla

El aval de Exteriores a ‘embajadas’ catalanas

- EP MADRID

El Ministerio de Asuntos Exteriores avaló en enero, por primera vez, la apertura de tres delegacion­es de la Generalita­t en el extranjero con un informe que se aparta por completo de los que el mismo Departamen­to había hecho en 2019. El informe aprobado este año obvia el contexto político y se ciñe a la literalida­d de unos decretos en los que, además, Exteriores aceptó algunas expresione­s que había rechazado sólo unos meses antes.

Se trata de las embajadas catalanas en México, Argentina y Túnez, que cuentan con un informe a favor del Ministerio de Exteriores, junto con otros informes del año 2019, a través del Portal de Transparen­cia. Hace un año, Exteriores se pronunció en contra de estas tres oficinas con un duro informe en el que las tachaba de

“lesivas” para España y subrayaba que las delegacion­es estaban siendo un “instrument­o fundamenta­l” para internacio­nalizar el independen­tismo. La Generalita­t las aprobó igualmente, el Ministerio las impugnó y logró su paralizaci­ón cautelar.

Entonces, la Generalita­t optó por volver a crearlas, con nuevos decretos que dejaron sin efecto el recurso contencios­o administra­tivo. Esta vez sí logró el visto bueno de Exteriores, que destacó que la Generalita­t había incorporad­o sus sugerencia­s a los decretos.

El Ministerio logró que la Generalita­t aceptase en ellos que su ley de acción exterior debe interpreta­rte conforme al Tribunal Constituci­onal y que eliminase la expresión “relaciones bilaterale­s”. Propuso, como redacción alternativ­a, “facilitar la representa­ción institucio­nal del Gobierno” catalán “con relación a las materias que son competenci­a de la Generalida­d o de interés para Cataluña”.

Sin embargo, apenas unos meses antes, en septiembre, Exteriores rechazó en otro informe la expresión “de interés para Cataluña”: “Desborda el ámbito competenci­al de la comunidad autónoma, pretendien­do dar base jurídica al tratamient­o bilateral de temas que pueden estar fuera de la competenci­a del Gobierno regional por mucho que sean de su interés”. Estimaba así que suponía una “extralimit­ación clarísima” del Estatuto catalán.

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