La Junta admitió en 2016 que no sabía qué hacer con el Hospital Militar
● La Administración socialista resolvió el contrato de reforma porque no tenía un proyecto para el edificio tras 12 años de abandono
ANDALUCÍA recibió su cesión en 2004. Doce años después, en 2016, la Junta tuvo que reconocer por escrito que no tenía la menor idea de qué hacer con el antiguo Hospital Militar. Así se demuestra en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico: la comunicación interna que el SAS remitió a la UTE Isolux Ingienería S.A. y CorsanCorviam Construcción S.A. para la resolución del contrato para la redacción del proyecto de básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de ampliación y reforma de la sede del antiguo Hospital Militar. La Administración socialista se rindió doce años después de haber difundido la cesión como un gran logro, incluido el acto de la firma que se celebró con toda solemnidad entre el entonces presidente Chaves y el ministro de Defensa, Federico
Trillo, en el salón principal del Palacio de San Telmo. Doce años perdidos, en los que se jugó con los proyectos y las declaraciones políticas.
El debate político iba por un lado, mientras la realidad documenta lo hacía por otro. Y el edificio propiamente dicho era saqueado, como avanzó en su día este periódico. El punto noveno del documento interno que ahora ve la luz es tajante una vez que admite que las obras contratadas se pararon y no se reiniciaron: “A eso se une que la causa que motivó la modificación del contrato ha dejado de tener sentido, pues finalmente no va a ubicarse el nuevo Centro de Tratamiento de la Información del SAS en el edificio de referencia, con lo cual habría que realizar un nuevo estudio de finalidad y uso del edificio administrativo objeto del contrato. Nos encontramos en la situación actual con una obra cuya finalidad no está definida, o en estos momentos no justificada y con la necesidad de liberar créditos en su día comprometidos y hasta la fecha no gestionados”.
Dos años antes de perder por primera vez el poder en Andalucía, la Administración socialista tuvo que resolver el contrato con la referida UTE, a la que se tuvo que devolver la garantía de 504.000 euros, liquidar las obras realizadas y pagar el 6% del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.
El contrato, que se había firmado el 1 de junio de 2009, quedó definitivamente resuelto en 2016. Tenía un valor de 12,6 millones de euros. La redacción estaba valorada en 448.000 euros. Y la ejecución en 12,1 millones. Durante tanto tiempo se aprobaron distintos reajustes. El inicio de la obra se firmó el 30 de septiembre de 2010. La duración de los trabajos no superó ni el año. El proyecto quedó varado, el edificio abandonado y terminó siendo saqueado en sus plantas inferiores. Y, por supuesto, se convirtió en un icono de la desidia de la Administración autonómica. El contexto de la crisis económica y financiera de 2008 no contribuyó precisamente a sacar adelante la recuperación de un edificio que fue todo un símbolo de la sanidad militar.
Cuando la Junta de Andalucía logró la cesión en 2004, su pretensión era incorporarlo al Servicio Andaluz de Salud. La Consejería abonó en 2004 un total de 6 millones de euros, además de 28,6 millones en conceptos de prestaciones urbanísticas al Ministerio de Defensa. El Hospital era considerado como el segundo en su categoría en España, por detrás del Hospital Gómez de Ulla de Madrid. Se trata de un edificio de 12 plantas que entonces disponía de la tecnología médica más avanzada del momento, un helipuerto y una capacidad para 750 camas, 240 habitaciones individuales, 29 especialidades médicas y cinco quirófanos en sus más 83.000 metros cuadrados. No sufría problemas de saturación ni hiperpoblación de camas por habitación. Era todo un “lujo” en comparación con la realidad demasiado frecuente de otros hospitales de la ciudad.
Según el convenio firmado entre las administraciones en el año 2004, el Hospital Militar “debe dedicarse a usos sanitarios o socio-sanitarios durante diez años, desde la transferencia del edificio, es decir, hasta 2014”. Si a partir de esa fecha el edificio es vendido o cambia de calificación, la Junta de Andalucía deberá repartir las plusvalías con el Ministerio de Defensa y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.
El Gobierno autonómico de PP y Cs que resultó de las elecciones de 2018 se ha comprometido a la recuperación del hospital. Claro que esta promesa se realizó antes de una pandemia que supondrá cambios sustanciales en las prioridades y en los presupuestos que están aún por ser definidos.
Doce años después de la cesión, la Junta reconoció no tener una idea sobre el edificio