ANDALUCÍA SE QUEDA ATRÁS
UNA vez más, Andalucía ha quedado relegada en el reparto de fondos provenientes del Estado. En esta ocasión se trata de los 6.000 millones anunciados por el Gobierno para hacer frente al desequilibrio presupuestario de las autonomías por el aumento del gasto sanitario derivado de la pandemia. No es la primera vez ni será la última. Parece que los criterios políticos se imponen con facilidad a los puramente objetivos en este tipo de operaciones. Si se respetara el criterio de población, renta per cápita y tasa de desempleo –los mismos que ha aplicado la Unión Europea a su plan de recuperación económica–, Andalucía tendría que recibir una cifra muy superior a los 597 millones del primer tramo del Fondo Covid: justo la mitad, por ejemplo, que los 1.200 millones establecidos para Cataluña, y apenas un tercio de los casi 1.500 millones de Madrid, la más beneficiada. En teoría, han pesado fundamentalmente la población protegida por el sistema público de Salud, el número de contagiados, los ingresos en UCI, las hospitalizaciones y los test. Pero con sólo los 597 millones que le envía el Gobierno Andalucía apenas cubrirá un tercio del gasto en el que ha incurrido hasta ahora, unos 2.000 millones, y supera de largo a las comunidades más beneficiadas en la población protegida por la sanidad pública. Como ha subrayado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, “mal empezamos”. El Gobierno andaluz tiene razón al reiterar que no existe un criterio más justo que el de la población afectada si lo que se quiere es reforzar a la sanidad pública para compensar lo hecho hasta ahora y prevenir posibles rebrotes. La Junta cumple con su obligación al presionar al Gobierno para exigirle un mayor equilibrio en el próximo reparto entre las distintas regiones de los 140.000 millones de euros que la UE destinará a España para hacer frente a las consecuencias de la crisis. El presidente Juanma Moreno ha dicho que hay ser solidarios y tener en cuenta a los territorios más afectados por la pandemia. Pero ello no implica que Andalucía deba conformarse con un reparto que objetivamente la deja, una vez más, atrás.
Andalucía recibirá la mitad que Cataluña y apenas un tercio de la cantidad fijada para Madrid, pese a superar de largo la población protegida por la sanidad pública