El Gobierno andaluz, dispuesto a participar en el rescate de Abengoa si hay seguridad jurídica
El Gobierno andaluz está dispuesto a conceder un crédito de 20 millones en vez de avales, pero reclama documentación fehaciente de los acuerdos con la banca y otros acreedores
El plazo se agota de nuevo para Abengoa y el acuerdo para asegurar su rescate no llega. El próximo lunes es la fecha marcada por el consejo de administración de la multinacional andaluza para asegurar la viabilidad de la compañía o declararse en quiebra y previsiblemente ir a la liquidación. Y el rompecabezas de acuerdos con bancos, otros acreedores, proveedores tenedores de deuda y administraciones sigue sin encajar.
Varios medios económicos –entre ellos Expansión y La Información– señalaron ayer a la Junta de Andalucía como la pieza que no encaja. Pero, en realidad, la Junta no sólo está dispuesta a ayudar, sino que baraja conceder los 20 millones de euros a los que se comprometía mediante un crédito y no avalando un préstamo hecho desde entidades financieras. Eso sí, fuentes del Gobierno conocedoras de la negociación aseguraron que la Administración autonómica no participará en el rescate sin tener “absoluta seguridad jurídica”. Un extremo que no se da a día de hoy.
Las mismas fuentes detallaron que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno no ha recibido ninguna “documentación fehaciente” que dé esa seguridad jurídica de que todas las partes implicadas en la tercera reestructuración de la empresa sevillana fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares, en el último lustro.
“Mientras las comunicaciones que recibimos no incluyan esa documentación legal que fehacientemente acredite que están cerrados los acuerdos con la banca, con los fondos acreedores y con ICO, la Junta no podrá entrar”, añadieron las fuentes consultadas por este diario.
Ciertamente, la Junta desde un principio dejó claro que entraría en la operación de salvación de Abengoa si todos los demás se comprometían a dar su apoyo, ya sea con avales –en el caso del ICO–, nuevos préstamos –en el caso de la banca acreedora(y accionista)– o quitas –en el caso de fondos acreedores o proveedores pendientes de cobrar deuda–. Esos compromisos no han sido justificados legalmente, según la versión del Ejecutivo autonómico.
Tener seguridad jurídica absoluta no es una cuestión menor en la Junta, porque en los últimos años distintos escalones administrativos de la Administración andaluza se han visto sometidos a investigaciones judiciales, varias de ellas por otorgar ayudas a empresas sin las debidas garantías jurídicas.
Pese a ello, las fuentes del Gobierno de Andalucía consultadas por este medio reiteraron ayer su disposición a participar en la operación de reestructuración financiera si esas garantías llegan en tiempo y forma.
En la negociación que desde Abengoa se ha entablado con la Junta están implicadas tres consejerías: Hacienda, Industria y Energía; Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo, y Economía, Empresas y Universidades.
La falta de acuerdo con la Junta está afectando a otros actores en la negociación. La banca y, sobre todo, los fondos acreedores están inquietos y por ello no acaban de cerrar el pacto. Y mientras no se firme con estos acreedores, la Administración andaluza no participará.
En el seno de la Junta tampoco han gustado las informaciones que la señala como el obstáculo, porque entienden que precisamente están intentando ayudar dentro de las posibilidades legales que tiene el Ejecutivo autonómico.
Para evitar la liquidación, Abengoa necesita conseguir antes del lunes un acuerdo con todas las partes que incluya una nueva línea de liquidez con entidades financieras que ya son acreedoras por importe de 250 millones de euros, 300 millones de euros en nuevas líneas de avales revolving, modificar los términos y condiciones de los diferentes tramos de deuda sin descartar quitas y renegociar los pagos a proveedores con deuda vencida y a otros acreedores.
El plazo se agota el día 27 y Abengoa tiene un negocio, según reconoció su presidente, Gonzalo Urquijo, que no da para recuperar el desequilibrio patrimonial de casi 400 millones en el que incurre desde el cierre del último ejercicio, cuyas cuentas no están presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene suspendida su cotización desde hace nueve días. Un negocio ahogado por una deuda bruta que todavía importa 5.948 millones de euros.
Los procesos judiciales vividos pesan para no dar pasos cuya legalidad pueda cuestionarse