LEYES Y PACTOS EDUCATIVOS
EN el Congreso de los Diputados se ha puesto en marcha el proceso que dará lugar a una nueva ley educativa –la Lomloe o “ley Celaá”-, que sustituirá a la Lomce o “ley Wert”, que a su vez sustituyó a la LOE… Desde que se aprobó la primera –la Loece en 1980–, sería esta la octava ley orgánica de educación de la restaurada democracia, lo que supone que se ha promulgado una cada cinco años, al tiempo que se han derogado cuatro. En la comunidad educativa y en la opinión pública en general, este baile de leyes suscita inquietud y es el motivo fundamental para que desde muchas partes se reclame la conveniencia de un Pacto educativo que dote de mayor estabilidad al sistema escolar. Si comparamos con otros países de nuestro entorno, el asunto constituye claramente una anomalía que tiene explicación más allá de los discursos y eslóganes.
Mirando a fondo las diferencias entre las leyes que unos promulgan y otros derogan, veríamos que no son tantas, aunque, eso sí, son de mucho calado y contenido. Aunque no es la única, la principal de esas diferencias es la posición que adoptan en la determinación del estatus de la enseñanza pública y la enseñanza privada. Es este un conf licto resuelto en los países europeos (de ahí la anomalía española) que en nuestro caso se arrastra desde la formación del sistema estatal de enseñanza y constituye hoy el principal escollo que dificulta el anhelado Pacto educativo. En su momento, durante el debate sobre el artículo27 de la vigente Constitución, se manifestaron claramente dos posiciones; por una parte la defensa de un fuerte sistema público de enseñanza, y por otra, la defensa de la privilegiada posición que tenía la enseñanza privada en las postrimerías del franquismo. En aras del consenso, se acordó una redacción calculadamente ambigua del citado artículo que no alcanzó para resolver el problema, dejando su concreción a la acción de los sucesivos gobiernos. De hecho la Loece, aprobada por un Gobierno de la extinta UCD, concedía a la enseñanza privada el beneficio de la subvención del estado sin apenas control sobre ella. Una sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba importantes artículos de esta ley, unida a la descomposición de la UCD acabó con ese camino. Más adelante, la LODE (única ley educativa vigente desde entonces), aprobada por un Gobierno del PSOE, consagraba la subvención pública a la enseñanza privada con la instauración de la escuela concertada –es decir, de la escuela privada subvencionada–, si bien se establecían ciertas condiciones y controles, principalmente su sujeción a las normas generales de escolarización. Así, los partidarios de la escuela pública renunciaban al establecimiento de un único sistema de enseñanza (que no excluía a la escuela privada no subvencionada) y aceptaban la existencia de una enseñanza privada financiada por el estado que atendía entonces en tono al treinta por ciento de la población escolar. Quizás ese fue el Pacto educativo no escrito que pretendió resolver el conflicto entre pública y privada. Pero parece que no lo consiguió. Es cierto que algunos sectores del PSOE sostenían que la fórmula de los conciertos era transitoria y que con el tiempo se fortalecería la enseñanza pública, de tal manera que terminaría por reducir al mínimo el sistema de conciertos. Pero esto tampoco ocurrió, pues los distintos gobiernos socialistas –centrales o autonómicos– no hicieron nada en esa dirección. Sin embargo, los defensores de la subvención a la escuela privada –habitualmente la Iglesia y los partidos de la derecha– parece que no se dieron por aludidos ni se contentaron con la proporción pública-privada (sí con el modelo) que implícitamente se establecía cuando se aprobó la LODE. De aquí que en el núcleo de su política educativa siempre está ampliar esa proporción en beneficio de la escuela concertada. Se da entonces la paradoja de que mientras unos establecieron y regularizaron el sistema de conciertos a cambio de limitarlos a la proporción existente en el franquismo, otros pugnan por extenderlo sin limitación alguna. Unos, los que la inventaron, hacen leyes para contener la expansión de la escuela concertada y otras la hacen para ampliarla.
De esta forma se produce el mentado trasiego en la legislación y se hace inviable cualquier Pacto educativo. Las cosas pueden seguir así indefinidamente, o quizás, para no marear tanto al personal, pueda formalizarse un acuerdo que trataría de muchos temas pero que, ineludiblemente, tendría que resolver la proporción entre enseñanza pública y concertada atendiendo a la única referencia que unos y otros parecían aceptar (¿o no?): el estado de las cosas en 1985.
Inquieta por el baile de leyes, la comunidad educativa reclama más estabilidad para el sistema escolar