NUEVAS CUENTAS
Aestas alturas todos sabemos que “habemus pactum”. El martes a lascinco de la mañana, tras cuatro días de negociación, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, lo comunicó con un breve tuit: ¡Acuerdo! Un momento histórico en el que Europa da un nuevo paso en su construcción, como siempre, acuciada por una crisis. Ante el nefasto panorama económico, los 27 líderes nacionales se han visto empujados a endeudarse juntos: acordaron pedir 750.000 millones de euros y comprometerse a devolverlos y a pagar sus intereses de forma solidaria.
Y la solidaridad no acaba ahí. Todos son responsables de esa deuda pero no todos reciben igual parte del montante recabado, el reparto es asimétrico. En función de diferentes variables se distribuirán 390.000 millones de euros como donaciones y 360.000 millones se podrán pedir en préstamos. España es de los países que resultan más agraciados: recibirá hasta 140.000 millones de euros, de los que 72.700 no tendrán que ser devueltos.
Esto no significa que los gobiernos tengan carta blanca. No reciben esos fondos y luego deciden libremente qué hacer, sino al contrario: los planes van por delante. Cada país tiene que elaborarlos, atendiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y alineándolos con las prioridades –transición ecológica y digitalización– que ésta ha fijado. Además, el proceso no va a estar exento de controles, aunque sean más light que lo que algunos países hubieran querido. Funcionará un freno de emergencia y por mayoría cualificada tendrán que resolverse las controversias.
En definitiva, no se trata de salir del hoyo de cualquier manera. Ursula von der Leyen lo decía claro: el objetivo es que se impulse la convergencia, la resiliencia y la transformación de Europa. No es momento para aplausos por tener la potencialidad de acceder a fondos, sino de afanarse por preparar los planes adecuados y aplicarlos con agilidad y eficiencia: sólo cuando la recuperación y la sostenibilidad a largo plazo sean hechos procederá que resuenen con fuerza.
Para superar la crisis de 2008, los países europeos tiraron de deuda, y no se esforzaron en reducirla después aprovechando el crecimiento y el apoyo del BCE. La deuda pública europea (sin Reino Unido) se situaba a finales de 2019 en unos 11 billones de euros, el 80% del PIB. Por sus altísimos niveles, algunos estados -Grecia (176%), Italia (134%), Portugal (117%), Bélgica (98%), Francia (98%) y España (95%)- no pueden apelar para superar esta nueva crisis otra vez a la deuda.
Con todos esos países (45% del PIB europeo) sin credibilidad, y estando además entre ellos los más castigados por la pandemia, no se ha tenido más remedio que recurrir a la confianza que da la Unión. A partir de ahora en Europa coexistirán dos cuentas de deuda pública: las nacionales y la europea. Con estos 750.000 millones de euros y con la caída del PIB prevista, la ratio europea pasará del 80% al 94% y esto sin contar con las subidas adicionales de las deudas estatales. Llegará la recuperación y el BCE también prestará su ayuda. Y entonces, debe exigirse firmemente que esa suma de deuda descienda. La confianza tiene siempre límite, hasta para la Unión Europea.