Un plan de choque para los temporeros agrícolas
El autor reflexiona sobre un problema que no es sólo de índole moral, sino que es un asunto político y económico con un fuerte impacto en la reputación internacional de España
LOS rebrotes del coronavirus en algunos grupos de temporeros agrícolas han situado en la agenda política y mediática el tema de las condiciones sociales y laborales de la población inmigrante que trabaja en la agricultura.
Este asunto ya había sido objeto de atención cuando se publicó hace unas semanas el informe del relator de Naciones Unidas, Mr. Philipe Alston, denunciando la situación de los temporeros en algunas zonas agrícolas españolas.
Para analizar este tema hay que distinguir entre las “condiciones laborales” y las “condiciones sociales de habitabilidad” de los temporeros agrícolas, pues son dos cosas diferentes, aunque relacionadas.
Las condiciones laborales en la agricultura
Respecto a las “condiciones laborales”, hay una normativa clara que regula el trabajo agrícola (contratos, horario, salarios, equipamiento…) y que los empresarios agrícolas conocen bien. El Ministerio de Trabajo, a través de sus ser vicios de inspección, tiene mucho que hacer en este asunto, velando por la correcta aplicación de la legalidad. Pero debe hacerlo sin caer en mensajes alarmistas que demonizan a un sector que, por lo general, cumple con las normativas laborales en vigor. Si hay bolsas de fraude e ilegalidad deben ser denunciadas con firmeza y perseguidas con rigor.
Las condiciones sociales de habitabilidad
El tema de las “condiciones sociales de habitabilidad” es más complejo. No existe una normativa clara y precisa que obligue a los empresarios a garantizar unas condiciones dignas de habitabilidad a los trabajadores que contratan, salvo en los casos de contratación en origen Por eso, este asunto suele quedar a merced de la conciencia individual (moral) del empresario respecto a los trabajadores o bien de la acción humanitaria de las ONG.
Sin embargo, es evidente que este problema no es sólo un asunto moral, sino también político y económico. Tiene que ver con los derechos humanos (el derecho a una vivienda digna) y tiene un fuerte impacto en la reputación internacional de nuestro país (con claros efectos en los consumidores europeos). Por ello, las instituciones públicas no pueden mirar a otro lado ante una realidad que, lamentablemente, se observa en no pocas áreas agrícolas españolas.
En estas áreas, puede verse con demasiada frecuencia a los temporeros agrícolas viviendo en condiciones indignas (en chabolas, a la intemperie, en albergues infestos…) No vale excusarse diciendo que se les paga lo establecido en el convenio del campo, y que lo que sucede fuera de la jornada laboral no es de nuestra incumbencia. Como ciudadanos y como país nos incumbe, y mucho, convivir con situaciones que nos devuelven como un espejo la degradación moral a la que puede llegar una sociedad.
Esta situación no puede tolerarse en tiempos de máxima exi
Un plan de choque
Por eso, es necesario un “plan de choque”, impulsado por el gobierno de la nación a través de diversos ministerios (sanidad, interior, agricultura…). Para que sea efectivo, en ese plan deben estar implicados los gobiernos de las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, además de contar con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, ONG…).
En España se dispone de infraestructuras y equipamientos suficientes a escala local como para garantizar unas condiciones dignas de habitabilidad a la población inmigrante que trabaja en la agricultura. Según las características agrícolas de cada comarca, se puede conocer con antelación la cantidad de inmigrantes que se concentrarán en ella en unos determinados meses del año, y habilitar las instalaciones que sean necesarias para ofrecerles un alojamiento digno.
Si nuestro país ha sido capaz de levantar en tres días un hospital de campaña como el de Ifema, y es capaz de atender las necesidades de la población en situaciones excepcionales (incendios, inundaciones…), también tiene que serlo para asegurar condiciones dignas de habitabilidad a los temporeros agrícolas.
Es evidente que este asunto no puede cargarse sobre las espaldas de los empresarios agrícolas, cuya obligación es cumplir con la normativa laboral, ni tampoco puede depender de la generosidad de la población local (reticente en muchos casos a alquilar viviendas dignas a los inmigrantes).
Debe ser asumido por los poderes públicos como un tema de interés general, evitando situaciones de indigencia impropias de estos tiempos y de un país que se precia de ser adalid de la defensa de los derechos humanos y que tiene en la exportación de sus productos agrícolas una de sus grandes fortalezas. Además de ser un imperativo moral, nos va en ello nuestra reputación internacional.