El fiscal acusa a la Mesa del ‘Parlament’ de llevar la “desobediencia al extremo”

Visto para sentencia el juicio a los cuatro compañeros de Forcadell y a la diputada Boya por tramitar las leyes del ‘procés’

El fiscal negó que el juicio a los compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament y a la ex diputada de la CUP Mireia Boya por su “desobediencia extrema” sea una causa política contra el independentismo, mientras los acusados sostienen que son víctimas de una “causa general” al soberanismo. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quedó ayer visto para sentencia el juicio por desobediencia a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament en la pasada legislatura (Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Barrufet y Lluís Guinó), así como Boya, para quienes la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido un año y ocho meses de inhabilitación.

En su informe final, el teniente fiscal Pedro Ariche negó que exista una “causa general” contra el independentismo y subrayó que los acusados llevaron su desobediencia “al extremo” en su vía unilateral para romper con la legalidad en 2017.

“No se juzga aquí al independentismo”, exclamó Ariche, que defendió que no se trata de un juicio “político” porque “todas las ideas son legítimas si no colisionan frontalmente con el Código Penal”, por lo que los acusados se sientan en el banquillo no por su ideología, sino por su “concierto de voluntades” para desoír al Constitucional al tramitar las leyes del procés.

El fiscal insistió en que los acusados no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria –ya que no es “ilimitada”– y recalcó que tenían la obligación de cumplir los mandatos del TC para vetar las iniciativas que fuesen “palmariamente inconstitucionales”, para que así no pudiesen llegar al Pleno.

Por contra, las defensas pidieron que los miembros de la Mesa en la etapa de Forcadell no sean condenados por ejercer su trabajo como parlamentarios, al argumentar que estaban amparados por ley como “legítimos representantes” de la ciudadanía y que les protegía su inviolabilidad.

En su último turno de palabra, los cuatro acusados de la Mesa negaron su voluntad de delinquir o de desobedecer al Constitucional y denunciaron que, en contra de lo que sostiene el fiscal, han sido víctimas de una “causa general” contra el independentismo.

Boya, la única de los acusados que no recibió requerimiento del TC, reivindicó su apuesta por la desobediencia civil como vía para cumplir su programa electoral y alegó que el “muro” creado por el TC y el “régimen de 78” contra el independentismo los “obligó” a desacatar las “leyes injustas”.