El Gobierno suprime el toque de queda obligatorio a partir del 9 de noviembre
● Las comunidades autónomas tendrán el control de la movilidad nocturna desde entonces
Ningún grupo de la oposición, ni los habituales aliados parlamentarios del Gobierno, acepta el estado de alarma tal y como está planteado y, por ello, pedirán hasta mañana jueves dos cambios: que se acorte el plazo de seis meses establecido inicialmente y que el Congreso pueda ejercer un mayor control de las medidas. En todo caso, la obligatoriedad del toque de queda se suprimirá a partir del 9 de noviembre, cuando las restricciones de movilidad nocturna quedarán en manos de los respectivos presidentes autonómicos.
“A partir del momento de la aplicación de la extensión del decreto del estado de alarma, que durará dos semanas de entrada, tal y como establece la Constitución), quedará a criterio de cada autoridad competente delegada, es decir, de cada presidente autonómico, cuáles son las limitaciones de movilidad que se tienen que establecer en cada comunidad, a la vista de la evolución de la pandemia”, explicó ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
El decreto con la ampliación del estado de alarma hasta el 9 de mayo ha llegado a la Cámara después de su aprobación en el Consejo de Ministros este domingo.
Por el momento, excepto el PSOE y Unidas Podemos, ningún otro partido ha avanzado que vaya a votar a favor de la prórroga de medio año que propugna el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que su autorización está en el aire.
La Junta de Portavoces del Congreso acordó ayer que tanto el estado de alarma como su duración de seis meses se debata y se autorice mañana a partir de las 9.00 horas, y no será el presidente del Gobierno quien exponga las razones, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, criticó ayer la ausencia de Sánchez, pero sobre todo desgranó por qué su partido no acepta algunas de las características del nuevo estado de alarma, el tercero declarado para combatir la pandemia del coronavirus tras el de marzo y el reciente que afectó fundamentalmente a Madrid .
A juicio de Gamarra, esos seis meses de prórroga que quiere Moncloa no se ajustan al criterio de proporcionalidad que establece la Constitución para esta figura aplicable en casos de emergencia sanitarias tales como una pandemia.
También esquiva el control parlamentario, ya que al ser sólo una petición de prórroga, sólo habría una negociación, a no ser que los seis meses no sean suficientes y el Gobierno, en abril de 2021, se vea obligado a alargar el plazo.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, adelantó por su parte que está preparando junto con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, una resolución que obligue al Gobierno a rendir cuentas con una periodicidad concreta.
A ninguno de estos partidos convence que la comparecencia del Ejecutivo sea cada 15 días, como hizo Pedro Sánchez durante el primer estado de alarma, que fue prorrogado seis veces en el Congreso que y se alargó hasta junio.