La juez pone fin a la instrucción del caso Bahía Competitiva
Después de nueve años de investigaciones, la magistrada Lourdes del Río, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, ha puesto fin a la instrucción del caso Bahía Competitiva, una causa que pretende esclarecer el mayor fraude que podría haberse cometido en la provincia de Cádiz con ayudas públicas para reindustralizar la Bahía.
En un auto emitido el pasado 14 de octubre, Del Río estima que los principales imputados en la trama que supuestamente desvió 14 millones de euros de fondos públicos son el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, Joaquín de Arespacochaga y su padre Juan de Arespacochaga.
Para la juez, los tres fueron los responsables de dirigir una organización criminal, integrada por una veintena de personas, con la que lograron obtener de manera ilegal subvenciones procedentes del Ministerio de Industria y de la Agencia IDEA de la Junta.
La magistrada atribuye tanto a Ouviña como a los Arespacochaga la autoría de varios delitos: pertenencia y dirección de organización criminal, fraude de subvenciones, falsedad en documento mercantil y oficial, prevaricación continuada, blanqueo de capitales y tentativa de malversación y fraude a la Administración.
Del Río también imputa a Antonio Perales, ex director del Plan Bahía Competitiva, órgano dependiente de la Consejería de Innovación. La juez estima que Perales mantuvo una estrecha relación con el empresario gallego y que, a partir de ahí, interfirió “a su antojo” en la concesión de subvenciones a favor de Ouviña, “haciendo y deshaciendo sin ningún criterio técnico” en la comisión encargada de aprobar o denegar las ayudas.
Según la magistrada, Perales podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación agravada y continuada de caudales públicos en grado de tentativa, fraude a la Administración y negociaciones prohibidas.
Como sostiene Lourdes del Río, el empresario Dávila Ouviña realizó actividades ilícitas con la finalidad de conseguir un desorbitado montante económico de ayudas públicas procedentes del Ministerio de Industria y de la Junta de Andalucía.