La Fiscalía no se opondrá al indulto del hombre que ayudó a morir a su esposa
● El Ministerio Público solicita seis meses de prisión para Ángel Hernández por un delito de cooperación al suicidio de María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple
La Fiscalía solicita seis meses de cárcel para Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, enferma terminal de esclerosis múltiple María José Carrasco en Madrid el año pasado, pero no se opondrá a su indulto.
Según informó ayer la Fiscalía Provincial, el Ministerio Público imputa a Hernández un delito de cooperación al suicidio, pero anuncia que “para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria y se tramitase expediente de indulto, el Ministerio Fiscal emitirá informe favorable”.
Considera el fiscal que en el caso, cuya vista oral no tiene aún fecha, concurren las atenuantes de confesión y parentesco.
María José Carrasco murió el 3 de abril de 2019 en su domicilio cuando, estando solos el matrimonio en la vivienda y tras el deseo “constante” de la enferma de acabar con su vida, su marido vertió en un vaso un medicamento, pentobarbital sódico, y se lo acercó a su mujer, que lo ingirió con una pajita. A los diez minutos falleció.
En el escrito de acusación, la Fiscalía relata la historia clínica de la fallecida desde que en 1989 fue diagnosticada de esclerosis múltiple, “una enfermedad crónica degenerativa e incurable”.
Cinco años más tarde le fue reconocida un grado de discapacidad del 82% y en 1996 le concedieron la gran invalidez. “A partir de ese momento, Carrasco necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas. Por ese motivo, su marido solicitó una reducción de jornada laborar para atenderla”, indica la Fiscalía.
A partir de 1999, el acusado “se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer” y realizó una “fuerte” inversión económica para reformar y acondicionar su vivienda con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas e, incluso, instaló un equipo medicinal en el domicilio.
La Fiscalía destaca que a partir de 2007 Hernández solicitó “reiteradamente” a las administraciones públicas ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer como una plaza en una residencia para enfermos de ELA que le fue denegada.
Tampoco se le llegó a prestar el servicio de atención residencial, a pesar de que en 2009 el tribunal médico de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia le reconoció este derecho, por lo que el acusado, indica el escrito de acusación , “asumió solo todas las responsabilidades del cuidado”.
Hace seis años, “en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias”, la mujer exteriorizó a su marido y a otras personas su deseo de acabar con su vida. Así, contactaron con la asociación Derecho a Morir Dignamente.
“A pesar del avance de la enfermedad, el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida, Hernández intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento”, añade la Fiscalía.
La última vez que la fallecida fue vista por un médico fue el 2 de abril de 2019. “Sólo podía comunicarse con monosílabos, pero comprendía lo que le decían y mantenía íntegramente sus facultades intelectivas y volitivas”.