Los colegios
concertados arremeten contra la ley Celaá
Los colegios privados de Sevilla se ha puesto en pie de guerra. Consideran que la Ley Orgánica de Mejora de la LOE (Lomloe) supone una “amenaza” para estos centros y, especialmente, para los que mantienen conciertos con la Administración autonómica, en este caso, la Junta de Andalucía, por las condiciones que establece a la hora de diseñar la oferta de escolarización.
Reunidos en la Plataforma de Concertados, los colegios se encuentran representados por las patronales Escuelas Católicas y CECE; los sindicatos FSIE y Feuso; y las asociaciones de padres Concapa y Fapyma. Aglutinan a 550 centros, 20.000 docentes y 150.000 familias.
Para esta plataforma, la Lomloe representa un “ataque sin precedentes” al derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, el cual recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta crítica se basa en uno de los cambios que introduce la norma estatal, que elimina el concepto de demanda social como factor a tener en cuenta por las administraciones públicas –las autonomías– a la hora de diseñar la oferta de puestos escolares (públicos y concertados).
A su entender, esta modificación otorga al Estado “un poder absoluto y absolutista” para realizar una “planificación unilateral de los centros”, que califican “más propia de regímenes totalitarios que democráticos”. “Para hacerlo, se inventa un derecho a la educación pública completamente inexistente en la j urisprudencia y doctrina constitucional española y europea”, afirma la plataforma.
También critica la figura de “comisario político” que se les “impone” a los colegios concertados que, en su opinión, el único objetivo que persigue es “poner frenos para el desarrollo de su ideario”.
Otro aspecto del que patronales, sindicatos y asociaciones de padres advierten concierne a la asignatura de Religión, que en su opinión queda “más postergada” y resucita “la polémica Educación para la Ciudadanía” a través de la materia Valores Cívicos y Éticos. La plataforma alerta de que esta enseñanza puede acabar convirtiéndose en
“herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres”. A este respecto, los obispos han propuesto que Religión (no sólo la católica, sino la de otras confesiones) formen un ámbito educativo con la asignatura Valores Cívicos.
De igual modo, la plataforma hace hincapié en el futuro de la enseñanza diferenciada, “a la que aboca a su desaparición como opción pedagógica al no financiarse con fondos públicos”. Una amenaza que también extiende a los centros específicos de Educación Especial. En este punto, conviene recordar que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ya ha aclarado que el objetivo es que los alumnos de dichos colegios se integren por completo en los ordinarios, por lo que se trataría de una “reducción” paulatina y a largo plazo.
Por todo ello –y por “la falta de consenso y búsqueda de diálogo” a la hora de elaborar esta norma– la plataforma pondrá en marcha una campaña que, bajo el lema “más plurales, más libres y más iguales”, pretende reunir 300.000 firmas en contra de la Lomloe, las cuales registrará en el Congreso de los Diputados.
Entre otras iniciativas también pedirán a la Junta de Andalucía su “implicación” en esta lucha, para lo que solicitan que “recurra” la nueva ley educativa ante los tribunales si finalmente es aprobada. La razón que aducen para ello es que “lesiona” los derechos básicos garantizados por la Constitución.