La renuncia de Bolaños a las macrocausas llega al CGPJ
EN esta misma sección dijimos no hace mucho tiempo que la renuncia de la juez María Núñez Bolaños a continuar con la instrucción de las macrocausas, tras el archivo de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), había desatado otra batalla legal, dado que las defensas consideran que el pacto alcanzado entre la titular del juzgado y el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana vulneraba el derecho al juez natural predeterminado por la ley. Algunas defensas recurrieron el acuerdo en las propias macrocausas y otros anunciaron que acudirían al Tribunal Supremo, si bien en el Alto Tribunal se les conminó a acudir ante el máximo órgano de gobierno de los jueces. Y esto es precisamente lo que han hecho ya algunas defensas. El CGPJ está tramitando actualmente recursos de alzada contra
El órgano de gobierno de los jueces tramita recursos contra el pacto Bolaños-Vilaplana
la resolución de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado 14 de septiembre, que aprobó la nueva atribución de las macrocausas según la propuesta de Bolaños y Vilaplana.
En uno de estos recursos ya ha sido designada como ponente del mismo la vocal Nuria Díaz Abad, quien precisamente emitió un voto particular contrario al archivo de las diligencias informativas abiertas a la juez Bolaños en relación con la denuncia de la Fiscalía, al estimar que una “consideración global y unitaria” del proceder de la magistrada reflejaba “importantes retrasos” en la instrucción que influyó en el sobreseimiento de diversas piezas. Será por tanto esta vocal, que es abogada del Estado, la que deba decidir sobre la petición de anular el acuerdo del TSJA, lo que devolvería la instrucción de las macrocausas a la juez Bolaños, como reclaman las defensas.
En el recurso de alzada presentado por una de las defensas, al
recurso ante el CGPJ, la juez Bolaños ha sido “víctima de una fuerte presión psicológica que ha llegado a afectar su salud, teniéndose finalmente que dar de baja” y, precisamente, en el momento inmediatamente posterior a la reincorporación tiene lugar el “referido acuerdo, que tiene como consecuencia real y efectiva que la juez titular que mantenía criterios contrarios a la Fiscalía resulta apartada de los procedimientos que son despachados por los fiscales que la denunciaron conforme a graves acusaciones desmentidas por la Inspección del CGPJ”.
Por todo ello, “puede prima facie concluirse no sólo que la determinación del juez natural o predeterminado por la ley resulta de un acuerdo conforme a criterios ajenos a los predeterminados en la ley, sino de un acuerdo alcanzado cuando una de las partes ha estado sometida a una fuerte presión por razón de lo que es objeto del acuerdo”.
“En ningún caso una campaña calumniosa y una denuncia archivada de la Fiscalía pueden justificar o dar cobertura al grave ataque al derecho al juez natural que se perpetra al apartar al juez predeterminado en la ley, bajo la apariencia de un acuerdo que, en todo caso, no es medio legal e idóneo de fijación del reparto de competencias entre el juez titular y el juez de apoyo, conforme a la norma que regula tales excepcionales circunstancias”, asevera el recurso de alzada, que añade que sólo la Sala de Gobierno del TSJA tiene “facultades de propuesta sobre el reparto de asuntos en expediente del juez de apoyo”.
La defensa cita reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el juez predeterminado por la ley para concluir que “por un órgano no competente y conforme a criterios no previstos legalmente se ha apartado a la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de los asuntos que le corresponden, lo que lesiona el derecho al juez predeterminado en la ley” de los investigados en las macrocausas.
El CGPJ dispone a hora de un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución en este recurso de alzada, si bien en el caso de que transcurra el plazo sin que se resuelva, se entenderá que dicho recurso se ha desestimado. Las defensas están dispuestas a plantear una dura batalla legal en este asunto, que podría acabar en el Supremo e incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.