La Policía Local ‘sanitaria’ de la nueva normalidad
Albaida es un ejemplo de cómo ha arrancado el nuevo sistema para tener un control más efectivo de que los enfermos de Covid-19 cumplen la cuarentena
“La mediación es la mejor arma que tenemos”. Es una de las frases con las que Manuel y Cristóbal, policías locales de Albaida, explicaban el viernes cómo trabajan, tras salir de un supermercado al que acuden en su ronda para ver que todo está tranquilo: el día previo se había formado un revuelo porque unos vecinos decían haber reconocido a la pareja de una persona con Covid-19, que debía guardar cuarentena y recriminaron al establecimiento que se le dejara entrar. “En una situación parecida si no sabéis cómo actuar, nos llamáis”, insisten a la cajera.
Casos similares, de personas contagiadas o contactos estrechos que no cumplen los confinamientos, se han dado en todas las ciudades y se cree que son el origen de muchos brotes, además de ser uno de los motivos de fricción que ha traído la pandemia entre la libertad individual y la intimidad y la necesidad de hacer cumplir normas para salvaguardar la salud pública. Alcaldes o agentes municipales, a los que los ciudadanos acuden en primera instancia, no podían actuar, ni obligar a nadie sin conocer su situación. Pero se ha abierto una vía para ejercer esa especie de policía sanitaria: el protocolo entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Consejería de Salud para que los municipales sí manejen esos datos –previa firma de una cláusula de confidencialidad– y hagan un seguimiento efectivo.
Albaida es ejemplo de cómo está funcionado en su arranque: como casi todo con el coronavirus, por detrás de la realidad de los hechos. Los agentes (los tres que hay a la espera de una nueva plaza) reciben la información por un correo electrónico con nombres y teléfonos de positivos. Hace 10 días llegó el primer listado, con ocho personas. El jueves, el segundo, con una docena, aunque, según los datos que publica la Junta a través del IECA hay más de una treintena activos, con una tasa de incidencia de coronavirus de casi 940 por cada 100.000 habitantes, similar a la de Olivares, con el que comparte dos calles y que ya llega al millar. Así, hay bastantes más casos de los que les constan oficialmente. “En un pueblo pequeño, nos enteramos antes por los vecinos”, admiten los agentes el desfase.
Llaman por teléfono a estas personas: “Les recordamos que no pueden salir y tampoco los convivientes, éstos hasta pasados 10 días del último contacto. Se les indica que vamos a visitarles y que deben asomarse por una ventana y mostrarnos el DNI”. A veces, la persona con Covid está en un espacio que no da al exterior y se verirentena no es el positivo sino un conviviente, como en el supermercado y del que no les facilitan datos. En Albaida, si constatan que es así, informan a Salud. También se han encontrado con personas que, según los datos remitidos, deberían estar en cuarentena pero aseguran que tienen el alta o están a punto de conseguirla. Las fechas no coinciden. Informan igualmente. Antes del cierre perimetral, llamaron a una persona que dijo tener el alta y estar ya disfrutando de unos días de playa. Otro de estos pacientes les aseguró que llevaba diez días en una habitación sin contacto con su pareja pero a la que inmediatamente pasó el teléfono. Sí había contacto. “Le informamos de que en ese momento debían empezar a contar los 10 días”.
Con todo, las características de Albaida (3.200 habitantes, sin centros comerciales ni áreas de paso como otras zonas del Aljarafe) facilita este nuevo papel de la Policía, que ha ocasionado polémica en pueblos mayores o con más contagios, que se ven desbordados por los frentes que deben atender. El Rubio quiere contar con dos vigilantes privados para apoyar en algunas tareas.
Desde el inicio de la pandemia, en Albaida, se han puesto 60 denuncias por incumplimiento de normas relacionadas con el Covid19, sobre todo por no llevar mascarilla, con sanciones de 100 euros, o salir a la calle en el confinamiento duro. Hubo una detención por
reincidencia. El incumplimiento de los confinamientos en caso de ser positivo puede conllevar multas desde 3.001 hasta 60.000 euros y de 100 a 3.000 euros, en el caso de los contactos directos de un enfermo. En cualquier caso, los agentes insisten en su labor informativa y disuasoria.
Al margen de este seguimiento, con el cierre perimetral de ahora, la Policía Local hace controles y está coordinada con la de Olivares. Sólo se permite que acudan a comprar de un municipio a otro a los residentes en las dos calles fronte
Los datos que están llegando a los agentes no son todos y lo hacen desfasados
rizas, Palacio Real y Ronda de Andalucía. Antes del nuevo estado de alarma, se dio la circunstancia de que Olivares mantenía sus parques cerrados y sus adolescentes se trasladaban a Albaida, con cierta controversia.
“No hemos tenido miedo, sí respeto porque tenemos cerca a familiares mayores y a niños”, señalan los agentes sobre trabajar en pandemia. Advierten a un pintor que recorta arrodillado la ventana de una fachada, que debe subirse la mascarilla; a un vecino que pasa en bicicleta a llevar comida a sus animales en el pueblo de al lado que debe hacerlo sólo una vez al día. En la terraza de un céntrico bar –el Ayuntamiento facilitó que se ampliara el espacio de veladores para garantizar las distancias– saludan a una pareja de abuelos que les preguntan por la familia. Son Francisco López y Rocío. “Claro que estoy preocupando por la pandemia, yo soy uno de los fundadores de la hermandad del Rocío de Albaida, la que se iba a montar si palmo”, ahuyenta El Moreno sus miedos con sentido del humor.
Los agentes saludan a Eloy Colón Gelo –apellidos comunes en Albaida, el último una denominación de origen– que vende fruta desde hace 30 años en una furgoneta, su local. Es ejemplo de cómo la pandemia está dando alas al comercio de alimentación de cercanía. Sus ventas han aumentado entre un 20% y un 25% y se han multiplicado los pedidos a domicilio. Poco después de las 12:30 del mediodía tiene medio centenar preparados. A esa hora las colas ante el centro de salud –motivo de queja porque es un edificio nuevo y amplio, con sitio para guardar distancias dentro– se han disuelto. En el aparcamiento realizan PCR. Suelen coger entre diez y doce al día, los resultados tardan 48 horas, aunque ha habido picos de hasta cinco días.
El alcalde, José Antonio Gelo, señala que no hay una razón concreta para que los contagios se hayan disparado en pocos días. Lo relaciona con que la gente se ha “relajado”, no se están haciendo bien los rastreos, que se comunican cuando ha pasado el periodo de incubación y las PCR llegan tarde o son insuficientes. Considera una “buena media” el acuerdo entre Salud y la FAMP para que la Policía Local pueda controlar las cuarentenas, pero “siempre que los datos del sistema estén actualizados”. En un pueblo que sufrió la anterior crisis económica por el peso que tenía la construcción –junto a la tradicional aceituna de mesa, con la fábrica de La Sabrosita como referencia–, al regidor le preocupa además la deriva económica de la pandemia, que ya ha obligado a que las ayudas económicas de emergencia se hayan triplicado.