La Junta busca fórmulas para compensar las restricciones
● Aguirre revela que el Gobierno no le permitió adelantar más el toque de queda ● Marín cifra el impacto económico de 1.000 a 1.500 millones
El Gobierno andaluz dedicó la jornada de transición hacia las nuevas medidas para atajar la pandemia a preparar las medidas encaminadas a paliar los efectos económicos del cierre de la actividad no esencial a partir de las 18:00 de hoy –en Granada la clausura comenzó a medianoche–. Con ese objetivo, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se reunió con las líderes de los principales sindicatos, Carmen Castilla (UGT) y Nuria López (CCOO), así como con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. Los agentes sociales urgieron a que el Gobierno ponga en marcha un plan de ayudas para el comercio y hostelería, sectores que verán unas perdidas que van de los 1.000 a los 1.500 millones de euros, según estimó el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que visitó ayer Estepa.
La cantidad ofrecida por el dirigente de Ciudadanos se duplicará si las restricciones se extienden otros 15 días después del 23 de noviembre, aunque el Ejecutivo andaluz no tomará esa decisión hasta entonces y en función de la evolución de la pandemia. Lo que sí prepara ya el Gobierno de Juanma Moreno es la respuesta a las pérdidas que tendrán los sectores más afectados por el cierre de la actividad no esencial. Marín habló ayer de ayudas para la cobertura de gastos fijos, como el suministro de agua o electricidad, así como el alquiler. “El sector turístico y todo lo que ello engloba, incluída la hostelería, necesita ayuda de las administraciones”, dijo el vicepresidente ayer en Estepa, donde garantizó que la Junta pondrá sus recursos para afrontar este gasto extra.
El proyecto de Presupuestos de la Junta para 2021 incluye una partida de 450 millones de euros para imprevistos provocados por la pandemia, por lo que Marín reconoció que “gran parte” del margen de maniobra de Ejecutivo regional depende de la aprobación de las cuentas, que deberán pasar su primer examen la semana próxima en el Parlamento. Por el momento, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, no tiene los apoyos necesarios, ya que su socio habitual, Vox, ha elevado sus exigencias tras el choque de Santiago Abascal y Pablo Casado en la moción de censura.
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